Huelva

Diputación apoya la movilización de este mes en defensa del sistema de pensiones

Izquierda Unida ha llevado hoy su respaldo a la movilización que está preparando la Plataforma onubense en Defensa de las Pensiones Públicas y que tendrá lugar en la ciudad de Huelva el próximo día 22 de febrero. La iniciativa defendida por Pedro Jiménez ha obtenido el respaldo del Pleno de la Diputación Provincial, a pesar del voto en contra del Partido Popular.

Esta manifestación forma parte de la jornada de movilizaciones que la Coordinadora Estatal de plataformas en defensa de las pensiones ha convocado en todo el país para ese día, con la que exigen que la subida de las pensiones corresponda, al menos, con el IPC y que se garantice el mantenimiento del Sistema Público de Pensiones, frente al plan del gobierno del PP de seguir reduciendo las cuantías de las pensiones y privatizarlas.

Además, las dos mociones que presentaba el grupo socialista al Pleno de la Diputación de Huelva relativas a las medidas de apoyo a las personas con discapacidad y la creación de un Fondo de Accesibilidad Universal, han contado con el respaldo unánime de todos los grupos políticos con representación en la cámara provincial. El Pleno también ha apoyado, a través de una Declaración Institucional, la equiparación salarial de las Policías del Estado.

Por unanimidad se ha aprobado la moción del grupo socialista en la que se apoya la proposición de Ley presentada en el Congreso de los Diputados por el grupo socialista sobre la creación de un Fondo de Accesibilidad Universal en el que se pide que en el presupuesto de cada obra pública, así como en las inversiones públicas destinadas a infraestructuras y a tecnologías de la información y las comunicaciones, financiadas total o parcialmente por el Estado, se incluirá una partida equivalente al menos al 1 por 100 de los fondos que sean de aportación estatal con destino a financiar actuaciones dirigidas a garantizar las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, tanto física como tecnológica de las administraciones públicas.

Según recoge el texto de la moción, “la disposición adicional tercera del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, señala los supuestos y plazos máximos de exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y de cualquier medio de comunicación social; espacios públicos urbanizados y edificaciones; medios de transporte; oficinas públicas, dispositivos y servicios de atención al ciudadano y aquellos de participación en los asuntos públicos, incluidos los relativos a la Administración de Justicia y a la participación en la vida política y los procesos electorales; bienes y servicios a disposición del público, de titularidad tanto pública como privada.

También por unanimidad se aprobaba otra moción socialista en la que se pide al Gobierno de España que apruebe el Plan Nacional de Accesibilidad, garantizando con ello “la accesibilidad universal para todos y todas”. En su propuesta, el grupo socialista expresa el convencimiento de que el impulso de medidas que promuevan la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad concierne a toda la ciudadanía, organizaciones, entidades y a todas las administraciones públicas. Por ello, también solicitan en su moción que el órgano de máxima representación política de los ciudadanos de la provincia apoye “todas las medidas que se pongan en marcha y las legítimas reivindicaciones de las organizaciones de personas con discapacidad”.

En este sentido, la accesibilidad universal no sólo se refiere a la eliminación de barreras físicas para el acceso a medios de transporte y espacios públicos, sino también al acceso a los productos y servicios relacionados con la sociedad de la información, los medios de comunicación, la relación con las administraciones públicas y los bienes y servicios públicos.

Igualmente, se ha aprobado una moción del grupo socialista, con la abstención del grupo popular, en la que se insta al Gobierno de España a que cuantifique y transfiera la dotación derivada de la no ejecución de los cursos de formación para el empleo en Andalucía, desde los años 2012 a 2016, con el objeto de elaborar y poner en marcha un plan especial de formación profesional para el empleo en Andalucía que implemente las cantidades que en los próximos cinco ejercicios presupuestarios correspondieran a la Comunidad Autónoma Andaluza para el desarrollo de esas políticas de formación.

Con la abstención también de los populares se ha aprobado la moción presentada por el diputado no adscrito en la que se le exige al Gobierno de España compensar a los ayuntamientos por las pérdidas de ingresos en la recaudación de la plusvalía.

Por último, todos los grupos políticos han respaldado una declaración institucional en apoyo a la equiparación salarial de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. En la Declaración, leída por Álvaro Jiménez-Carles Fernández De Castro, miembro de la Guardia Civil y de la asociación JUSAPOL, Justicia Salarial Policial, se manifiesta el rechazo unánime a la existencia de un trato desigual e injusto en las retribuciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, respecto a otros cuerpos policiales de ámbito autonómico.

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