De la ‘Operación Enredadera’ que dirige la jueza Mercedes Alaya y que se saldó ayer con 32 detenidos (tres de ellos en Huelva), ha surgido hoy una anécdota, ciertamente chusca, que ha hecho que las redes sociales echen humo. Hasta tal punto de convertirse en trending topic en Twitter.
Resulta que se ha sabido que en esta trama especializada en amañar contratos públicos y cobrar mordidas, uno de los detenidos fue comprado, presuntamente, entre otras cosas con… ¡500 euros en Viagra!
Así lo ha testificado el empresario sevillano José Antonio González, administrador único de Fitonovo, ante la jueza. González confesó que entre sus sobornos estuvo la compra de un alto funcionario de Adif, José Antonio García Pascual, gerente de mantenimiento, y al que habría entregado ese dinero en pastillas azules… Además, supuestamente, de otras ‘compensaciones’ en dinero, comidas o viajes.
Por cierto, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha dejado en libertad a 22 de los 32 detenidos en la citada operación dirigida contra una trama integrada en su mayoría por funcionarios e infiltrada en administraciones que facilitaba contratos irregulares a cambio de comisiones.
Los diez que permanecen detenidos pasarán a disposición judicial entre esta tarde y mañana.
La operación se realizó ayer en doce provincias de forma simultánea por orden de la juez de instrucción número seis de Sevilla.
Entre los detenidos hay tres cargos públicos: el teniente de alcalde de La Carolina (Jaén), Cristóbal Pérez (PP); el jefe de área de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Lanzarote, Sergio Machín -ya en libertad-, y el actual vocal de la empresa pública Lipasam del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Miguel Ruiz Carmona (IU).
Los otros 29 detenidos son fundamentalmente funcionarios y representantes de empresas como Fitonovo, la empresa sobre la que gira gran parte de la operación Enredadera y cuyos responsables ya fueron arrestados el pasado año.
De hecho, esta operación representa la tercera fase de otra bautizada como Madeja, también dirigida por Alaya y que tiene su origen en las irregularidades descubiertas en torno al concurso público para la compra de terrenos de Mercasevilla S.A y que condujo a Fitonovo.
Según los investigadores, la estructura de esta empresa se habilitó para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban contrataciones públicas, creando a su vez una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos a funcionarios y responsables públicos.
