El titular del juzgado de instrucción número 5 de Huelva archiva la causa por el fraude de formación en esta provincia pese a mantener que existen indicios suficientes de delito. El magistrado arremete duramente contra los abogados de la Junta de Andalucía y contra la Fiscalía, que han retirado sus acusaciones, lo que impide al juez proseguir con la causa. A pesar de todo, el partido socialista ha celebrado esta noticia y la absolución del que fuera delegado de empleo, Eduardo Muñoz.
La ejecutiva provincial de PSOE ha pedido al Partido popular que pida perdón a los militantes y a las personas implicadas en el caso.
En el auto del juez recuerda que se inflaron facturas, llegándose a pagar 2.000 euros en pimentón o paquetes de folios a 50 euros.
Por su parte el Partido Popular de Huelva ha lamentado que la Junta de Andalucía "haya provocado" el archivo del fraude de la Formación en Huelva pese a los indicios de prevaricación y malversación resaltados por el juez en el auto de archivo.
A pesar del archivo, como ha destacado el portavoz de la Dirección Provincial del PP, Juan Carlos Duarte, “el juez mantiene que existen indicios suficientes de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en la gestión de las ayudas por parte de altos cargos y trabajadores de la Consejería de Empleo en Huelva”. Así, ha recordado que “en el auto del archivo el juez señala que se inflaron facturas y se llegaron a pagar 2.000 euros en pimentón y paquetes de folios a 50 euros”.
Como advierte el PP de Huelva, el juez cuestiona los argumentos de la Junta de Andalucía para retirar la acusación y se pregunta si los hechos que considera normales y totalmente legales se permitirían en una empresa privada. Se refiere expresamente a la concesión de subvenciones a empresas que no cumplen con los requisitos exigidos para ello o a empresas que tenían deudas por subvenciones anteriores y deudas con la Seguridad Social.
Para Duarte, “el gobierno de Susana Díaz vuelve a demostrar que no actúa en los tribunales en defensa de los intereses de los andaluces sino con una clara voluntad de exculpar y defender a miembros de su partido que se aprovecharon del dinero público así como de tapar la actuación irregular y la falta de control por parte de la Consejería de Empleo”.
Por último, ha señalado que “nadie en el PSOE ni el gobierno andaluz explica a los andaluces quién ha dado la orden para que los servicios jurídicos que pagamos todos no defienden el interés general para recuperar el dinero defraudado”.
