El vicesecretario de Organización, Formación y Electoral del PP Andaluz, Toni Martín, ha defendido hoy el incidente de recusación que el PP ha presentado contra la juez Núñez Bolaños en el caso que investiga las transferencias de financiación de la Agencia IDEA, al conocerse la relación de parentesco familiar con la responsable
técnico del Área de Control y Seguimiento de las subvenciones concedidas por la agencia.
“Nos parece insostenible que la juez Núñez Bolaños siga al frente de
esta causa”, dijo Martín, quien destacó la relación familiar de la jueza con
una persona que, “por acción u omisión pudiera haber participado en los
hechos que se investigan”; por lo que pidió que “se retire inmediatamente
del caso porque sus lazos familiares la inhabilitan”, manifestó.
A juicio del dirigente popular, lo contrario sería “inaudito e inquietante”, y
“no tendría la más mínima garantía jurídíca”. Martín recordó la “enorme
alarma social” que ha creado esta causa de corrupción, y pidió “seriedad” para evitar que “a la hora de enjuiciarlos, no se vaya a crear más alarma
social”.
“Lo que exigimos es bastante razonable: que los andaluces tengamos la
seguridad de que quien va a juzgar este caso no tenga relación familiar
con personas que son parte del mismo”, apostilló.
El vicesecretario del PP Andaluz recordó la “desproporcionada fianza” de
30.000 euros que la jueza requirió al PP para poder personarse en esta
causa; así como que “la respuesta de la juez al recurso estaba plagada
de consideraciones políticas, ajenas al ejercicio de la jurisdicción y
contrarias a la división de poderes”. Apuntó también que la persona con quien la jueza mantiene esa relación de parentesco entró en la Agencia IDEA “de la mano de un alto cargo que estaba imputado en la causa de las transferencias de financiación, y
que casualmente ha sido desimputado por la jueza al hacerse cargo del
caso”.
Toni Martín denunció además la “actitud obstruccionista” del gobierno de
Susana Díaz con la Justicia para esclarecer los asuntos de corrupción
que implican al PSOE en Andalucía. Dijo que hay “orden” desde la
cúpula de la Junta de Andalucía para aportar la documentación requerida
“con cuentagotas” y “de la forma más confusa posible”, como ha ocurrido
recientemente con los informes presentados el pasado 3 de octubre
sobre subvenciones concedidas para cursos de formación, que fueron
requeridos el 11 de febrero de 2015.
Es decir, la información ha llegado dos años y ocho meses después, tal y
como ocurriera, recordó Martín, con los expedientes de la investigación
del ex número dos del PSOE, Rafael Velasco.
Dijo que hay un “interés” del PSOE y de Susana Díaz por “dilatar todo lo
posible las investigaciones, con la esperanza de aburrir a los tribunales”, y que asimismo hay un interés claro por “controlar los procedimientos judiciales, dejando de acusar, escandalosamente, en casos como la pieza principal de los ERE”. Para Martín, la presidenta de la Junta es “consciente de que estas investigaciones judiciales acabarán desmontando las trampas que durante años hizo el PSOE para mantenerse en el poder en Andalucía”, con “discrecionalidad y arbitrariedad a la hora de repartir fondos públicos que ahora están bajo sospecha”. El vicesecretario de Organización del PP Andaluz afirmó que “hay miles de millones de fondos públicos bajo la lupa judicial, si nos atenemos al montante de los ERE -855 millones que, según la Cámara de Cuentas, serán 1.217 millones cuando se terminen de pagar las prejubilaciones dentro de unos años-; de los fondos Jeremie, que están bajo investigación judicial; Invercaria; los cursos de formación, que tienen muchas ramas abiertas; o la última macrocausa de la Agencia IDEA que todo indica que es muchísimo más amplia y compleja que la de los ERE”.
