El Senado ha aprobado definitivamente la Proposición de Ley que agiliza el desalojo de las viviendas ocupadas ilegalmente, una iniciativa impulsada por el PDeCAT que protegerá a los pequeños propietarios, ONGs y entidades públicas que gestionan el parque de viviendas sociales.
De esta ley, impulsada por el Partit Demòcrata en el Congreso de los Diputados, donde ya fue presentada y defendida por la diputada Lourdes Ciuró, quedan excluidos los fondos buitre y la banca, según explica en una comunicado el senador del Partit Demòcrata, Joan Bagué.
En concreto, Bagué pone como ejemplo el caso de un particular, que ha estado ahorrando durante 35 años para comprar una vivienda, la destina al alquiler y sufre una ocupación ilegal. "Consideramos que es absolutamente injusto que deba esperar 2 años para que se restituya su titularidad, como está pasando hasta ahora", añade.
Con esta ley esta persona y en un plazo máximo de 2 meses podrá "volver a disfrutar de lo que es suyo", lo que contribuirá a "acabar con las mafias que se aprovechan del largo plazo que se produce entre la demanda de desalojo y la resolución de los tribunales y que se dedican a extorsionar a los propietarios".
El Colegio de Administradores de Fincas (COAF) de Huelva valora positivamente la ratificación por parte del Senado de la Proposición de Ley que ya fue aprobada en el seno de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, de manera que todos los pasos que se están dando son firmes para lograr una normativa muy esperada por el sector de la administración de fincas, pendiente sólo de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Este problema ha sido especialmente acusado en la costa onubense y este avance supondrá mayor tranquilidad para los propietarios y vecinos que sufren la ocupación ilegal.
El COAF de Huelva considera que esta normativa, muy esperada en el sector profesional de los administradores de fincas de todo el país, significará una mayor agilidad en la tramitación judicial para expulsar del inmueble a la persona que lo ha ocupado de manera ilegal. De este modo, el litigio debería durar no más de dos meses, cuando hasta ahora el procedimiento podía prolongarse hasta dos años.
A partir de ahora, según el comunicado, los propietarios deberán comunicar esta situación a las administraciones, que tendrán un plazo de 7 días para dar una respuesta y garantizarles una nueva vivienda.
El pasado 24 de abril el Congreso aprobó una ponencia de la Comisión de Justicia para reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y así acabar con las ocupaciones ilegales de pisos y terminar con las mafias impulsada por el PDeCAT
