Una mujer de Huelva ha sido condenada a ocho años de cárcel por la Audiencia Provincial por prostituir a una de sus hijas, de 12 años, y poner a mendigar a la otra, de 13 años y con una discapacidad.
La sentencia, que ya es firme al haber sido confirmada por el Tribunal Supremo que considera probado que en octubre de 2010, la acusada, de 38 años, tenía bajo su custodia exclusiva a sus hijas menores de 12 y 13 años, con las que convivía en el domicilio familiar.
Al menos desde esa fecha, consintió que la hija de 12 años, y a pesar del rechazo de esta, comenzara a mantener relaciones sexuales con hombres adultos que ella conocía recibiendo a cambio dinero, lo que se materializó durante meses en diversas ocasiones.
Por otra parte, con intención de explotar económicamente el cuadro clínico de su otra hija de 13 años -con una discapacidad del 66 % y diagnosticada de escoliosis- la obligó, a partir del año 2009 a permanecer inmóvil en su cama o en el sofá del salón, en contra de las pautas de tratamiento que tenía señaladas, provocando así que se incrementase su atrofia muscular, para asegurar la ayuda económica de la Junta.
Al mismo tiempo, la sometía a duros castigos físicos, pegándole a veces con un cinturón y, en alguna ocasión, la obligó a pedir dinero en la calle.
Posteriormente, el 10 de abril de 2011, tras fallecer la madre de la acusada, ésta se vio desbordada emocionalmente por la pérdida e incrementó su absoluta dejación de las funciones maternas que le correspondían en la custodia de sus hijas menores. Así, aunque estaban escolarizadas, era frecuente su absentismo escolar y descuidaba su higiene personal y su nutrición.
Posteriormente, entregó primero a su hija enferma a un matrimonio con el que mantenía lazos de amistad y un mes después a su otra hija. Esta pareja, que atendía y cuidaba a las menores, fueron ganándose su confianza y al ser las niñas incapaces de relatarles verbalmente el estado de maltrato, descuido higiénico y malnutrición al que les sometía su madre; a propuesta de esta mujer lo hicieron por escrito mediante cartas que les entregaron, manuscritas de su puño y letra.
Fue este matrimonio el que denunció en noviembre de 2012 la situación a los servicios sociales.
