La mesa por la integración ha presentado este martes su informe sobre la realidad de los asentamientos en la provincia de Huelva. Una realidad que ellos mismo definen como "el gran fracaso social de Huelva". La existencia de los mismos no se debe a un efecto llamada sino que hay trabajo por el crecimiento de la actividad agrícola de nuestra provincia, por lo que ha solicitado "una implicación real" de todas las administraciones para acabar con los asentamientos y "dignificar" la vida de las más de 2.500 personas que viven en ellos en época álgida de la campaña agrícola.
Los países más representados en estos asentamientos son Ghana, Malí, Marruecos, Rumanía y Senegal, y la edad mayoritaria de las personas asentadas está entre los 18 y los 45 años, destacando un número importante de familias rumanas temporeras que, desde hace aproximadamente unos tres años, llegan puntuales a la campaña agrícola en el municipio de Lucena del Puerto, llegando a contabilizarse hasta 360 personas en el año 2017, 60 de ellos menores. Sin embargo, también se observa con el paso de los años que, aunque los hombres suelen habitar los mismos de manera más importante, se da la presencia de las mujeres y los niños de forma permanente.
Durante la presentación de este informe elaborado por esta mesa, de la que forman parte las entidades sociales Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Asnuci, Cáritas Diocesana de Huelva, Codenaf, Fecons, Huelva Acoge, Federación Andalucía Acoge, Mujeres en zona de conflicto, el técnico en Inmigración de Cáritas, Juan Manuel Breva, ha precisado que durante todo el año se ha detectado una serie de asentamientos crónicos, en los que conviven unas 700, que "están pasando de ser inmigrantes a vivir en exclusión social".
Por eso, desde esta plataforma, las asociaciones que integran la mesa piden la creación de una mesa intersectorial en la que participen todos los agentes implicados, cesar los desalojos, dando alternativas como albergues o módulos prefabricados, mayor dotación económica e implicación de las administraciones y garantizar la atención sanitaria, entre otras muchas medidas imprescindibles y urgentes.
Desde estas entidades, consideran que "cada vez se alargan más las campañas agrícolas y estos inmigrantes viven más tiempo en la provincia". En este punto, ha añadido el técnico de Cáritas que se están encontrando con nuevas variables como la prostitución, la dependencia, el alcoholismo o los problemas de salud mental.
A su vez, se estima que el 70 por ciento de los residentes tienen su situación administrativa regularizada en España, mientras que el 30 por ciento se encuentra en una situación administrativa irregular, aunque mucho de ellos cumplen todos los requisitos, excepto el contrato de un año, para acceder a la autorización de residencia.
Vídeo relacionado:
