El ayamontino Raúl Pérez Gago, que lleva cinco años de batalla judicial para ver a su hijo de seis años de edad ha acogido resignado la suspensión de dos juicios que tendrían que haberse celebrado los pasados días 1 y 9 del mes en curso y que podrían haber resultado decisivos.
Sin embargo, la renuncia de la procuradora y del abogado de la madre del pequeño, Nevenka Vujicic, ha hecho que ambas sesiones se hayan aplazado a los próximos meses de diciembre y enero.
En una providencia con fecha del pasado día 7, el Juzgado de Instrucción número 2 de Ayamonte pide que se deduzca testimonio por si la conducta de la madre del menor podría ser constitutiva de delito de desobediencia a la autoridad y se pide que se requiera al equipo psicosocial para que realice un informe sobre la idoneidad del padre del niño.
Todo ello después de que, meses atrás, un juzgado de Granada fallara a favor de Pérez Gago, aunque la sentencia favorable que tiene para el régimen de visitas no ha sido acatada por su mujer, de nacionalidad suiza.
Ambos, como ha relatado este vecino de Ayamonte, iniciaron una relación en 2007, fruto de la cual nació su único hijo, aunque tres años después de conocerse la pareja se separó, y ella decidió trasladar su residencia a la localidad granadina de Huétor Santillán, a unos 450 kilómetros de la localidad onubense.
Ante esta situación, ambos pactaron un régimen regulador de visitas y una pensión alimenticia, que el padre del menor asegura que ha cumplido “escrupulosamente”, pero el problema empezó cuando uno de los fines de semana que acudió a ver al niño se encontró con que la casa donde vivía con su expareja estaba vacía, y había dejado recado a una vecina de que se había marchado a Suiza.
Ante esta situación, interpuso una denuncia ante la Guardia Civil de Maracena, y horas después recibió un burofax que le informaba de que su expareja había marchado a Suiza por la enfermedad de su padre, así como un mensaje en su teléfono móvil que le pedía “que no la molestara más”.
Raúl Pérez inició entonces un procedimiento asesorado por una abogada experta en secuestros internacionales, y tras quedar exonerado de una denuncia falsa de malos tratos por parte de su expareja, el juez suizo le dio la razón, e incluso impuso que en esa misma jornada pudiese ver al niño, “y fueron los únicos 45 minutos que he visto a mi hijo en más de dos años, porque desde entonces no ha cumplido con la Ley”.
Incluso, añade, el juez la condenaba a una multa de 400 euros por cada mes que incumpliese y la obligaba a regresar a España con el niño, lo que “ha incumplido sistemáticamente”.
“Llegaré hasta donde haga falta”, aseguraba recientemente el padre del niño, que no descartaba, además, acudir al Defensor del Pueblo, al tiempo que estudiaba otras acciones con el fin de que “nadie le quite al niño el derecho de estar con su padre”.
