Almonte

Procesan a ocho personas por malversación en la gestión del Museo Marino de Matalascañas

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de La Palma del Condado ha ordenado el procesamiento de ocho personas por un presunto delito de malversación en relación con subvenciones irregulares vinculadas a la gestión del Museo del Mundo Marino de Matalascañas en 2006.

Los procesados son la exedil socialista Azucena León y otros siete investigados. Entre ellos se encuentran R.P., jefe de servicio de Fomento en Espacios Naturales de la Consejería de Medio Ambiente, y M.G., miembro del Consejo de Administración de la Fundación Doñana 21.

La causa es consecuencia de la denuncia presentada en 2012 por la entonces presidenta de la sociedad Parque Dunar S.L. y concejala en el Ayuntamiento de Almonte, Fátima Pérez (PP), contra personas vinculadas con la Consejería de Medio Ambiente, miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almonte en la etapa socialista, y dos instituciones como miembros colegiados de la sociedad Parque Dunar S.L. y la Fundación Doñana 21.

En un auto el juez ordena seguir las actuaciones por el trámite de procedimiento abreviado contra estas personas y da traslado a las partes personadas para solicitar, en su caso, la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa, según ha informado Efe.

Señala el juez que practicadas las diligencias esenciales encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, las personas que en él han participado y el órgano competente para el enjuiciamiento y remitido informe del Ministerio Fiscal, resulta que los hechos origen de este procedimiento pudieran constituir un delito de Malversación, existiendo motivos suficientes para atribuir su perpetración a los procesados.

Entre ellos se encuentra, según ha adelantado hoy el diario Huelva Información, la exconcejal socialista, Azucena León, así como R.P., jefe de servicio de Fomento en Espacios Naturales de la Consejería de Medio Ambiente y M.G., miembro del Consejo de Administración de la Fundación Doñana 21.

La denuncia se presentó por la concesión de contratos administrativos que podían tener la apariencia de ilicitud y que desvirtúan la realidad jurídica para la que tenían que efectuarse.

Presuntamente, estos contratos se formalizarían a efecto de justificar unos servicios y para el pago de facturas de ejercicios realizados por la empresa privada que gestiona las instalaciones, Ingeniaqued, cuatro años atrás.

Concretamente, la Consejería de Medio Ambiente, la Fundación Doñana 21 e Ingeniaqued acordaron el abono de 90.000 euros pendientes de la liquidación de 2004 mediante tres expedientes, cada uno de 30.000 euros, según consta en un correo electrónico remitido por el director general de la empresa en enero de 2011 a la sociedad Parque Dunar de Doñana S.L.

En ese correo, Torres reclamaba el cumplimiento de este acuerdo, después de que de las tres subvenciones acordadas “sólo se ha hecho efectiva”, una de ellas que correspondería a una ayuda de 30.000 euros concedida por la Consejería de Medio Ambiente al Parque Dunar para la actualización de la web del museo y que según ha precisado De la Torre se desconoce si se destinó a ese fin.

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