El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmado hoy que asume el "mandato del pueblo" para que "Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república", pero seguidamente ha propuesto "suspender los efectos de la declaración de independencia" para abrir la puerta al diálogo.
En su comparecencia ante el pleno del Parlament, en un discurso de cerca de media hora, Puigdemont ha evitado optar por la vía más directa a la independencia, en un intento de "desescalar la tensión" con el Estado, un "gesto de generosidad y responsabilidad" con el que espera "abrir un tiempo de diálogo con el Estado español".
"Asumo presentarles los resultados del referéndum ante todos ustedes y ante nuestros conciudadanos, el mandato del pueblo para que Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república", ha aseverado un ovacionado Puigdemont.
Mientras tanto, el Gobierno considera que es inadmisible "hacer una declaración implícita de independencia para luego dejarla en suspenso de manera explícita", en alusión al discurso de esta tarde del presidente catalán, Carles Puigdemont, en el Parlament.
Fuentes del Gobierno han asegurado que no se puede aceptar dar validez a la ley del referéndum, que está suspendida por el Tribunal Constitucional, y tampoco se puede dar como válido el supuesto recuento de un referéndum "fraudulento e ilegal".
"Ni mucho menos" dar por sentado que los catalanes han dicho que quieren independencia, han agregado las fuentes, que han insistido en que no es admisible "hacer una declaración implícita de independencia para luego dejarla en suspenso de manera explícita".
Por su lado, la fuga de empresas derivada de la situación política en Cataluña ha continuado hoy con compañías como Catalana Occidente, eDreams e Indukern, una situación que previsiblemente se mantendrá en los próximos días, después de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, haya puesto en suspenso la declaración de independencia.
Más de una treintena de empresas han decidido en la última semana llevar sus sedes sociales fuera de Cataluña ante la incertidumbre jurídica que está provocando el proceso soberanista.
Con este movimiento, las corporaciones quieren trasladar un mensaje de tranquilidad a los mercados, pero sobre todo garantizar que seguirán operando bajo el paraguas de la UE ante cualquier escenario.
De entre las últimas empresas que han acordado sacar sus sedes de Cataluña destaca la aseguradora Catalana Occidente, que moverá su domicilio de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) a Madrid "para preservar los intereses de sus clientes, trabajadores, mediadores y accionistas".
