Malestar e indignación en el sector pesquero de Punta Umbría. Unos 130 marineros y armadores de dicho puerto, afectados por el reciente cierre del caladero de la chirla por la toxina DSP, aún no han recibido notificación alguna por parte de la Junta de Andalucía de las ayudas solicitadas, pese a que la mayoría de sus compañeros de Isla Cristina y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) saben desde hace días que sí cobrarán.
Pero, además, hay un hecho que agranda la preocupación. Quienes siguen a la espera de la respuesta de la Junta en la localidad puntaumbrieña son aquellos cuyos expedientes fueron tramitados desde la Cofradía de Pescadores, mientras que al resto del puerto puntaumbrieño -salvo en un caso que ha sido denegado- sí les ha llegado ya la notificación de que se les concede las ayudas asignadas por el Gobierno andaluz para casos de inactividad que superen los 25 días.
Algunos de los afectados creen que la causa de que aún desconozcan si cobrarán o no es que no han presentado en Capitanía Marítima el ‘rol’ (documento de ‘idéntidad’ del barco).
Precisamente, esta tarde ha tenido lugar una reunión para abordar esta situación y se ha acordado iniciar diversas gestiones con el fin de que la Junta se pronuncie. No se descarta, además, emprender acciones legales en caso de que fuera necesario.
Uno de los asistentes a dicho encuentro, Rafael Núñez, portavoz del sector de la chirla del Golfo de Cádiz, reconoció que mientras gran parte de la flota de Isla Cristina y Sanlúcar de Barrameda ya sabe que percibirá las ayudas, en Punta Umbría la mayor parte sigue a la espera.
En cualquier caso, ha negado que la causa radique en un “error” en la tramitación de los expedientes por parte de la Cofradía de Pescadores como se ha llegado a rumorear.
Núñez ha calificado de “barbaridad” esta situación y reconoce que hay una “gran preocupación” en los marineros y armadores afectados.
De igual modo, reconoce que quienes no han recibido comunicación de la Junta no presentaron el ‘rol’, lo que Núñez atribuye a Punta Umbría no cuenta con Capitanía, al hecho de que los afectados esperaban poder salir a faenar una vez que la Junta determinase que había bajado la presencia de la toxina DSP y al que hecho que, a la Cofradía de Pescadores se le habría indicado desde la Junta que no era un requisito obligatorio, según explicó.
Núñez precisó que la mayoría de los afectados por esta situación no recibido comunicación desfaborable por parte del Gobierno andaluz, lo que no quiere decir -destacó- que sus solicitudes hayan sido denegadas. "Estarán mirando con la lupa los expedientes", concluyó.
