El juicio que se ha desarrollado este lunes y martes en la sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva contra el expresidente del Recreativo de Huelva Pablo Comas, para el que la Fiscalía pide hasta 18 años de cárcel como presunto autor de delitos de apropiación indebida, falsificación de cuentas sociales y administración desleal durante su gestión de la entidad albiazul, ha quedado visto para sentencia.
A Comas, que defendió su buen hacer al frente del 'Decano' al señalar que aportó hasta seis millones de euros a la entidad, se le acusa de los presuntos delitos de apropiación indebida, falsificación de cuentas sociales y administración desleal durante su gestión.
De este modo, tras dos sesiones con las correspondientes pruebas testificales y documentales se ha dado por concluido este juicio, en el que en la primera sesión declaró el propio Comas, quien defendió su inocencia y su gestión del club.
La defensa pidió su absolución, mientras que el colectivo 'Trust de Aficionados del Recreativo de Huelva', que interpuso una querella criminal, también ratificó su petición de dieciséis años y seis meses de prisión.
La Fiscalía expuso que Comas suscribió un contrato de préstamo para pagar las acciones que adquirió del Recreativo usando como garantía la pignoración de una imposición a plazo fijo por importe de un millón de euros que poseía el Recreativo, aunque sólo amortizó 241.643 euros, según se expuso.
El Real Club Recreativo de Huelva mantenía en las fechas en las que ha sido presidente el acusado, una situación económica "más que deficitaria", con deudas millonarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Tesorería de la Seguridad Social e impago de nóminas a proveedores, empleados y futbolistas.
El Ministerio Fiscal También explicó que el expresidente arrendó un local para destinarlo a una tienda oficial del club, pero no se usó para esa actividad, y que en las cuentas anuales del ejercicio económico 2012-13 se contempló un gastó de 483.000 euros para el proyecto de una nueva ciudad deportiva, que nunca se materializó.
Asimismo se ejemplificó la mala gestión en el caso del jugador argentino Marco Ruben, que fue cedido por el Villarreal al Recreativo.
El club onubense tenía derecho a un diez por ciento de un traspaso del futbolista a un tercer equipo y al ser vendido en 2012 al Dynamo de Kiev la entidad percibió 250.000 euros en lugar de 800.000, sin que quedara convenientemente justificado dónde está el dinero que faltaba.
Por cada uno de los delitos de administración desleal la pena de tres años de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y una multa de 1,3 millones de euros, con 60 días de responsabilidad personal subsidiaria.
Asimismo, por el delito de falsificación de cuentas sociales, la pena de tres de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de nueve meses con cuota diaria de 12 euros y un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas.
Como responsabilidad civil, la Fiscalía pide para el acusado y las entidades Poientose y Gildoy España, en concepto de responsables civiles directos, una indemnización al Real Club Recreativo de Huelva por la cantidad de 1,2 millones.
