El Avispero

¿Salpicará a Antonio Ponce la presunta estafa de las VPO?

La pregunta del titular, al menos hoy, sigue sin respuesta. El presidente de la Federación Onubense de Empresarios (FOE) Antonio Ponce figura como patrono y secretario de la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa (FDSE), cuyos principales dirigentes han sido denunciados y posteriormente imputados por presunta estafa ante los tribunales tras el escándalo de la promoción de VPO inconclusa en Sevilla.

En este contexto, la Unión de Autónomos de Huelva emitía semanas atrás un comunicado en el que anunciaba que cuarenta empresas afectadas por los impagos de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), a la que pertenece la FOE, reclamarán a Ponce, como secretario de su Fundación, las cantidades adeudadas a contratistas y subcontratistas.

Sin embargo, antes de conocerse la imputación del presidente y del secretario general de la citada FDSE, Santiago Herrero y Antonio Carrillo, respectivamente, quienes asumen a su vez la presidencia y secretaría general de la CEA, se descartó en algunos medios, al menos en principio, que Ponce fuese imputado. ¿El motivo?, que se incorporó al cargo meses después de las actuaciones que son objeto de investigación por parte de la justicia.

Diez días después de anunciar su renuncia a optar a un nuevo mandato al frente de la CEA, la juez de instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández, imputaba a Herrero, por una denuncia por un delito de estafa en la construcción de 583 viviendas de protección oficial en Sevilla. En una providencia, adelantada por Diario de Sevilla, también citaba a declarar como imputado a Carrillo, y al exvicepresidente Juan Salas Tornero. La VPO está promovida por la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la CEA, de las que los dos primeros, en concreto, figuran como patronos.

Con la imputación de la cúpula de la CEA, ya son dos los firmantes del acuerdo de concertación social en la lupa de los jueces. UGT, el principal sindicato de Andalucía, está siendo investigado por la instructora del caso de los ERE, Mercedes Alaya, por los fondos de formación recibidos, una causa que está bajo secreto de sumario. Esta central sindical, cuya sede fue registrada por la Guardia Civil por orden de Alaya, está descabezada tras la dimisión de su secretario general por el caso de las presuntas facturas falsas.

La juez Patricia Fernández investiga una denuncia de siete empresas subcontratistas por impago de 600.000 euros dirigida contra la empresa Dolmen Consulting que gestiona la promoción y subsidiariamente contra la citada fundación. La instructora también ha vuelto a reclamar a la Consejería de Fomento y Vivienda el expediente por el que la Junta concedió una ayuda de 1.749.000 euros para la construcción de la promoción de VPO Isbylia.

Además de esta denuncia, según publicó recientemente El País, la fiscalía investiga otra la Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) por un desfase de entre 12 y 14 millones de un crédito de 50 millones concedidos por Caja Madrid (ahora Bankia) para las viviendas.

La juez ha citado a declarar a Santiago Herrero para el 5 de marzo. Ya entonces habrá dejado de presidir la CEA, ya que la patronal ha convocado una asamblea general para el 23 de enero en la que elegirán como presidente al malagueño Javier González de Lara.

También te puede interesar

No se puede comentar.



Publicidad

CSIF SANIDAD - DIC2022

Más noticias sobre:El Avispero