Andalucía elaborará un pacto para la protección integral de las víctimas de violencia de género

El Consejo de Gobierno impulsó ayer el inicio de las actuaciones necesarias para el diseño y aprobación de un gran acuerdo contra la violencia de género en Andalucía, por parte de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

Este acuerdo debe desarrollar en Andalucía los avances del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, implementando, con dotación presupuestaria suficiente, las medidas previstas en la Ley 7/2018 de 30 de julio, por la que se modifica la ley 13/2007, de 26 de noviembre, de prevención y protección integral contra la violencia de género.

El Gobierno de Andalucía asume la necesidad de implantar un marco estratégico global ambicioso que impulse mejoras eficaces para prevenir y erradicar la violencia de género, que aúne, programe y coordine en la comunidad las acciones del Pacto de Estado en las que tiene competencia. Este acuerdo se plantea como un entorno compartido que servirá de instrumento para orientar las actuaciones de todas las partes implicadas en la prevención y erradicación de la violencia de género en Andalucía, desde una perspectivas transversal, multidisciplinar y multisectorial.

El Convenio de Estambul de 2011 (Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica) aboga por una política integrada e insta a una acción concertada de los numerosos actores intervinientes, entre ellos los gobiernos regionales, a los que exige un importante compromiso contra la violencia de género.

En este acuerdo, la violencia contra las mujeres se abordará con perspectiva de género y de Derechos Humanos, así como con un compromiso de cooperación y colaboración entre las diferentes instituciones y la sociedad civil, con un apoyo decidido a las víctimas y respeto a todos sus derechos.

La erradicación de la violencia de género es condición necesaria para el logro de una sociedad plenamente democrática. El artículo 9.2 de la Constitución obliga a la adopción de medidas de acción positiva para hacer reales y efectivos los derechos fundamentales de las mujeres, eliminando los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud.

Por su parte, el artículo 73.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía prevé que corresponde a la comunidad autónoma la competencia compartida en materia de lucha contra la violencia de género, la planificación de actuaciones y la capacidad de evaluación y propuesta ante la Administración central. Asimismo, se considera el establecimiento de medidas e instrumentos para la sensibilización, detección, prevención, regulación de servicios y destino de recursos propios para conseguir una protección integral de las mujeres que han sufrido o sufren este tipo de violencia.