Moeve se desvincula del apagón mientras el Gobierno mantiene el foco en el suroeste
Nueve días después del apagón eléctrico que afectó a España y se extendió a Francia y Portugal, las causas siguen siendo un misterio. El Gobierno admite que podrían pasar hasta seis meses hasta esclarecer qué provocó la caída del suministro eléctrico más grave de los últimos años. Mientras tanto, todas las miradas técnicas se dirigen hacia el suroeste de la península, el área geográfica que —según la ministra para la Transición Ecológica— podría haber concentrado el inicio de la anomalía.
“Actualmente, no tenemos evidencias de que fallara una instalación en sí misma. Lo que sabemos, como digo, tres hitos: el primero, 19 segundos antes; otro justo en el suroeste de España y, posteriormente, 1,3 segundos después, otra pérdida de generación. Estamos identificando qué instalaciones y, sobre todo, qué causó esa pérdida de generación y por qué no se pudieron aislar”, aseveró Sara Aagesen este lunes en TVE.
En medio de esta incertidumbre, el foco ha recaído sobre Huelva, provincia con fuerte presencia industrial y energética. Aunque el Ejecutivo no ha señalado a ninguna empresa en concreto, una información de TVE apuntó directamente a esta provincia como posible punto de partida del fallo. La tesis ha generado inquietud entre los principales actores del sector energético presentes en la zona, como Moeve, que opera una de las mayores plantas de producción energética en el Polo Químico de La Rábida.
"Una red tan grande como es la española, puede haber ocurrido en cualquier sitio"
La empresa se ha desmarcado cuidadosamente de cualquier relación directa con el incidente, aunque sin negar categóricamente su posible implicación. “La verdad es que no lo sé. Una red tan grande como es la española, puede haber ocurrido en cualquier sitio”, afirma Jorge Acitores, director de Moeve La Rábida. La compañía reconoce que el apagón afectó de forma significativa a su operativa y que aún se están evaluando las repercusiones.
Moeve forma parte del grupo de empresas a las que el Gobierno ha solicitado información técnica por acumular en sus instalaciones una potencia superior a 1.000 megavatios, según 20 minutos. Acitores asegura desconocer si desde Madrid ya se ha remitido esa información.
La planta onubense sufrió una interrupción inmediata de su actividad industrial. “Para nosotros ha supuesto una parada de producción bastante importante (…) Después, volver a la situación nos ha llevado casi una semana”, explica Acitores. El impacto en términos operativos fue severo, dada la alta demanda energética de la planta. “Si todos en nuestras casas nos quedamos paralizados porque no tenemos electricidad, imaginad una entidad como la nuestra que consume más de 80 megavatios”.
“Aquí tenemos infraestructuras eléctricas que están limitadas y que pueden limitar nuestro desarrollo"
Aunque desde el Gobierno no se han concretado nombres propios, la presión informativa sobre las grandes instalaciones energéticas del suroeste peninsular se ha intensificado. Acitores lanza una reflexión que apunta a un posible problema estructural: “Aquí tenemos infraestructuras eléctricas que están limitadas y que pueden limitar nuestro desarrollo. Si fuese así, motivo adicional para reforzar las infraestructuras eléctricas de esta zona de España”.
Hipótesis y Huelva en el foco
El Ejecutivo insiste en mantener la prudencia, pero la hipótesis geográfica ya ha encendido la preocupación institucional. El delegado del Gobierno en Huelva, José Manuel Correa, ha rechazado frontalmente que el origen del apagón esté vinculado a la provincia: “Nos parece muy atrevido por parte de quien haya trasladado esa información achacar a Murcia y Huelva algo que evidentemente no tenemos constancia de nada y creo que tampoco tenemos capacidad como para provocar un apagón a nivel nacional o internacional”.
La investigación sigue su curso, con informes en marcha por parte de Red Eléctrica y el Ministerio, pero la falta de explicaciones oficiales alimenta la especulación. De momento, no hay certezas, pero sí una creciente presión sobre una infraestructura energética que, como advierten desde el propio sector, podría estar tensionada más allá de lo previsto.