Asegura que han sido encuentros "fructíferos" con "las más altas instancias de este país" para "seguir peleando por una causa tan justa como el esclarecimiento de la trama de los bebés robados"
Durante los días 3 y 4 de noviembre de 2021, la Asociación Bebés Robados Huelva, encabezada por su presidenta, Esperanza Ornedo, acompañada por el letrado de la entidad, José Luis Orta, viajaron a Madrid "con el fin de impulsar los objetivos que durante más de una década tienen marcados en su agenda, descubrir la verdad de lo que ocurrió con el robo de bebés en la provincia de Huelva", según se asevera en una nota.
Mantuvieron tres reuniones: una con la Fiscalía General del Estado, otra con representantes del Senado y una tercera con el Ministerio de Justicia. En la primera se trataron "varios puntos relativos al apoyo desde Madrid en las actuaciones que se deben llevar a cabo en toda España, y en concreto en Huelva, basadas en la circular vinculante que en su momento emitió el fiscal jefe Eduardo Torres Dulce". Según la asociación, dicho respaldo se traduce, entre otras medidas, en "no solicitar el archivo de las actuaciones hasta en tanto no se desarrollen las investigaciones al completo, contemplar el delito como detención ilegal y determinar que la prescripción legal de 15 años no se compute desde el nacimiento del bebé robado, sino desde que tuvo conocimiento del delito".
En el segundo encuentro que tuvo lugar en el Senado, "representantes de la cámara alta trataron de forma específica el impulso a la futura Ley de bebés robados", que actualmente "se encuentra en proceso de formación (proposición de ley) y se están incorporando enmiendas para darle un cuerpo concreto final".
La tercera y última cita fue en el Ministerio de Justicia, que "expresó su
interés en dicha futura ley, manifestando la atención que prestan a su evolución y mostrando su firme creencia de que será una ley justa y tremendamente necesaria en la que se contempla tipificar la sustracción de bebés como un delito concreto y que la prescripción se amplíe para que los afectados puedan ejercer sus derechos". También se habló de "la idea de fijar como víctimas en el más amplio concepto legal a los bebés robados, adultos actualmente, y a sus familias directas, así como la posibilidad de que
los asuntos lleguen al Tribunal Supremo para que unifique la doctrina existente a través de una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Asimismo, en relación al tema de los adoptados, el Ministerio de Justicia se ofrece como vehículo para que puedan averiguar toda la información existente de sus historiales médicos y expedientes de adopción, así como el registro de su ADN para cotejarlo con la base de datos creada hace unos años con objeto de futuros reencuentros entre familiares".
En definitiva, desde la asociación afirman que fueron "días de reuniones fructíferas con las más altas instancias de este país" para "seguir
peleando por una causa tan justa como el esclarecimiento de la trama de los bebés robados".
