El Defensor del Paciente ha enviado un escrito a la Fiscal Superior de València, María Teresa Gisbert, en el que le solicita que investigue de oficio “los errores de bulto” que se hubieran podido producir en el caso de un bebé prematuro en el Hospital General de Castellón a quien, según el escrito, se le amputó una pierna hasta la rodilla y se le dio un fármaco caducado un mes.
En la misiva, la presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores pide “encarecidamente” una investigación para “depurar las responsabilidades penales a que hubiera lugar en este penoso caso con el resultado de un bebé con una pierna amputada y más de un 80% de discapacidad”.
Fundamenta su solicitud en que el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal “obliga a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieren noticia de algún delito público a denunciarlo inmediatamente al Juez o al Fiscal”.
Adjunta una carta en la que los padres del bebé, Gerard, gestado mediante fecundación in vitro, relatan su caso. Según explican, a las 23 semanas de gestación, la madre empezó a perder líquido amniótico e ingresó en el Hospital General de Castellón; a las 24 semanas, en la habitación del hospital la pediatra jefe de la UCI de neonatos les comunicó que “si el bebe lo tenemos que sacar ahora mismo el hospital no haría nada para luchar por su vida puesto que sería demasiado prematuro”, aseguran los padres en su escrito.
A las 25 semanas, continúa su relato, la madre se quedó sin líquido amniótico y hubo que hacer cesárea de urgencia. El niño nació con 880 gramos, sin complicaciones, “era muy prematuro pero el nació bien”, aseguran los padres. A los 28 días de nacer, “en la incubadora empezó a ponerse mal y nos hicieron salir a toda prisa, estuvieron dos días pinchándole en las femorales buscando una vía central” y “cuando decidieron dejarnos entrar vimos que mi hijo tenia la pierna como con hematomas”.
