La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años para Ábalos y 19 para Koldo

José Luis Ábalos. Fuente: www.psoe.es
La acusación sostiene que la supuesta trama favoreció contratos públicos durante la pandemia, con pagos ilícitos y beneficios económicos para los implicados

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 24 años de prisión para el exministro de Transportes José Luis Ábalos por su presunta implicación en la trama de contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia. Le atribuye delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada, además de una multa cercana a los cuatro millones de euros.

En el mismo procedimiento, la Fiscalía pide 19 años y medio de cárcel para el exasesor ministerial Koldo García, a quien atribuye los mismos delitos y una multa similar. También reclama que ambos indemnicen de forma conjunta a las empresas públicas Ineco y Tragsatec, y solicita el decomiso de más de 430.000 euros en ganancias vinculadas al cohecho.

Para el empresario Víctor de Aldama, considerado intermediario en la supuesta trama, solicita siete años de prisión por organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada, aplicando la atenuante de confesión. La acusación le reclama además una multa de casi cuatro millones de euros.

Según el escrito, Ábalos, Koldo y Aldama habrían actuado de forma coordinada para obtener beneficios económicos aprovechando la posición del entonces ministro, con un reparto de funciones orientado a captar empresas interesadas en contratos públicos. La acusación sostiene que la organización actuó durante años y que parte de las ganancias se repartieron a través de pagos periódicos y comisiones ilícitas.

La Fiscalía considera que Koldo actuó como intermediario directo, gestionando encargos y actuando como representante informal del exministro ante administraciones y empresas. También sostiene que Aldama canalizó a compañías interesadas en adjudicaciones y facilitó retornos económicos a los otros dos implicados.

Las penas solicitadas llegan después de que el Tribunal Supremo propusiera juzgar a los tres imputados por la presunta manipulación de contratos públicos durante la pandemia. La causa continúa su tramitación judicial de cara a juicio.