El sistema ferroviario español ha vuelto a situarse en el centro del debate político en el Congreso de los Diputados tras la presentación de una Proposición No de Ley por parte del Grupo Parlamentario Popular. La iniciativa, defendida en la Cámara Baja, pone el foco en el deterioro progresivo del servicio y en la gestión del Ministerio de Transportes durante los últimos años.
Durante el debate, la diputada del Partido Popular, Bella Verano, sostuvo que el respeto a las víctimas de los accidentes ferroviarios “no puede quedarse en palabras” y debe traducirse en responsabilidad pública. En su intervención, afirmó que la gestión del Ministerio “no ha estado a la altura” ante la gravedad de los hechos, los reiterados incumplimientos legales y la falta de respuesta institucional.
Verano denunció un deterioro continuado del servicio ferroviario que, según expuso, afecta a la Alta Velocidad, Media Distancia, Cercanías y Rodalies. En su intervención enumeró problemas como retrasos constantes, cancelaciones, limitaciones temporales de velocidad prolongadas, incidencias técnicas recurrentes y una información insuficiente a los pasajeros.
La diputada defendió que esta situación no puede atribuirse a hechos aislados ni a la casualidad. A su juicio, ignorar las señales de deterioro del sistema ferroviario fue una decisión política y no una circunstancia inevitable. En este contexto, señaló que los accidentes registrados en Adamuz y Gélida no deben considerarse sucesos excepcionales, sino el resultado de una gestión deficiente.
Desde el Partido Popular se argumentó que el Ministerio de Transportes debería haber actuado con urgencia mediante un plan de choque ferroviario que corrigiera el deterioro del sistema antes de que las consecuencias fueran irreversibles. Según defendió Verano, esa actuación no se produjo.
La iniciativa presentada por el Partido Popular incorpora enmiendas a la Ley de Movilidad Sostenible que establecen obligaciones concretas y plazos definidos para mejorar el sistema ferroviario. Estas propuestas, según recordó la diputada, contaron con el respaldo mayoritario de la Cámara.
Con este debate, el Congreso vuelve a poner el foco en la situación del ferrocarril en España, en un contexto marcado por los últimos accidentes y por un creciente cuestionamiento político sobre la gestión, la seguridad y la calidad del servicio ferroviario.
