El consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha lamentado la confusión y la inseguridad jurídica que, a su juicio, ha generado el Registro Único de Arrendamientos puesto en marcha por el Gobierno central. Se refiere al Real Decreto 1312/2024, que regula este registro y la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos para gestionar los datos de los alquileres turísticos de corta duración. La norma entró en vigor el pasado 2 de enero y se está aplicando desde el 1 de julio. Según Bernal, lejos de combatir la clandestinidad, el nuevo procedimiento ha provocado incertidumbre en un momento crucial para el sector turístico, como es el arranque del verano.
El consejero ha señalado que desde Andalucía ya se advirtió del impacto de esta norma, que en su opinión duplica la carga administrativa tanto para propietarios y operadores que cumplen la ley como para quienes no lo hacen. Además, ha reprochado al Ejecutivo central que la norma carece de un régimen sancionador específico y no ha habido voluntad de consenso con las comunidades autónomas. Bernal también considera que esta falta de diálogo ha impedido un desarrollo coherente de la medida y ha insistido en que la iniciativa se ha aplicado sin un marco claro ni mecanismos efectivos para perseguir la economía sumergida.
Arturo Bernal ha recordado que, según los cálculos de la Consejería y del Observatorio de Sostenibilidad Turística Local, aproximadamente un 30 % de las declaraciones presentadas al registro se han realizado de forma preventiva, sin que exista realmente actividad turística. En este contexto, ha criticado que se responsabilice a las viviendas de uso turístico del problema de acceso a la vivienda en las ciudades. “No se trata de demonizar este fenómeno alojativo”, ha dicho. También ha apuntado que Andalucía es actualmente la comunidad con más viviendas vacías del país y ha calificado como “nefasta” la ley estatal de vivienda para facilitar el acceso de los ciudadanos a un hogar.
El consejero ha defendido la legalidad del modelo andaluz y ha anunciado que la Junta tramita un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto del Gobierno. Ha señalado que el Consejo de Estado ya pidió una revisión profunda de la norma o incluso su sustitución, al entender que impone obligaciones sin el rango normativo suficiente, especialmente al afectar a registros como el de la Propiedad. Además, ha recordado que la Unión Europea mantiene abierto un procedimiento de infracción por la aplicación del decreto, al considerar que se desvía de lo establecido por el Reglamento Europeo 2024/1028.
Bernal también ha reprochado la ausencia del Ministerio de Turismo en este proceso y ha calificado como “alarmante” el poco peso que, en su opinión, tiene el titular de esta cartera en el Consejo de Ministros. Según el consejero, las pocas reuniones mantenidas con el Gobierno sobre esta cuestión fueron telemáticas, sin contenido real, sin respeto al orden del día y sin una escucha efectiva a las propuestas de las comunidades autónomas.
Frente a esta situación, ha puesto en valor las medidas adoptadas desde Andalucía para regular y controlar las viviendas de uso turístico. Entre ellas ha mencionado los convenios firmados con distintos ayuntamientos, el Decreto 31/2024, el Decreto Ley 1/2025 sobre vivienda y el refuerzo del cuerpo de inspección. Gracias a estas herramientas, la Junta ha cancelado más de 9.200 viviendas de uso turístico que no cumplían con los requisitos exigidos por la normativa autonómica.
