El BOE publica la polémica Ley de Amnistía bajo la amenaza de una ofensiva judicial

Se espera una ofensiva judicial contra la ley del Gobierno en comunidades autónomas como Andalucía y una posible respuesta judicial de Europa

Rueda de prensa tras el Consejo de Ministros (Foto de archivo: Moncloa)
photo_camera Rueda de prensa tras el Consejo de Ministros (Foto de archivo: Moncloa)

En la mañana de este martes se publicaba en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley Orgánica de amnistía "para la normalización institucional, política y social en Cataluña", también conocida como Ley de Amnistía, por lo que la norma ha entrado en vigor en el momento de su publicación y dos días después de las elecciones europeas que dieron la victoria al Partido Popular.

Con la publicación de la ley, firmada a fecha 10 de junio por el Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se abre un plazo de dos meses para que los tribunales la apliquen en un contexto dominado por la convocatoria de multitudinarias manifestaciones en contra de la amnistía.

Concentración en Huelva contra la amnistía el pasado domingo 12 de noviembre
Concentración en Huelva contra la amnistía el pasado domingo 12 de noviembre

Así se especifica tras su publicación en el BOE, que se ordene "a todos los españoles, particulares y autoridades", que "guarden y hagan guardar" esta ley orgánica cuyo respaldo consiguió el Gobierno el pasado 30 de mayo con mayoría absoluta en el Congreso.

La aprobación levantaba el veto del Senado después de varios meses de tramitación y negociaciones entre el Ejecutivo y formaciones independentistas como ERC y Junts, la formación política del político fugado, Carles Puigdemont; con quienes el PSOE pactó a cambio a cambio de su apoyo a la investidura de Sánchez.

El objetivo de la ley es amnistiar o borrar los delitos de todos los implicados en movilizaciones soberanistas e independentistas desde el 1 de noviembre de 2011, cuando aún gobernaba el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, hasta el 13 de noviembre de 2023.

A partir de ahora se espera una ofensiva judicial donde los tribunales tendrán dos meses para aplicarla en caso de que la justicia europea no pueda detener la ley, sin perder de vista el anuncio de recursos de inconstitucionalidad de comunidades como Andalucía.