Catalina García sitúa a Andalucía como referente en la protección de los derechos de los consumidores

La consejera de Salud y Consumo preside junto a la directora general de Consumo, Milagros de Borbón, el acto de la Junta de Andalucía para celebrar el Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras 

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha puesto de relieve el compromiso del Gobierno del presidente Juanma Moreno, a través de la Dirección General de Consumo, con la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias, y ha apelado a la “necesaria coordinación” entre las administraciones con competencias en materia de consumo y las organizaciones y asociaciones de personas consumidoras, al objeto de “mejorar la atención y defensa de los consumidores”.

En un acto celebrado en los Jardines de Cristina de Sevilla, donde se ha instalado un expositor con motivo del Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras, que se celebra el 15 de marzo, Catalina García, acompañada por la directora general de Consumo, Milagros de Borbón, y las delegadas territoriales de Sevilla, Regina Serrano, y Huelva, Manuela Caro, entre otras autoridades, ha recalcado el lema de la Consejería de Salud y Consumo para esta celebración: ‘Tus derechos, nuestro compromiso’. Así, ha valorado el trabajo de la Junta de Andalucía como “referente en la protección de los derechos de las personas consumidoras”, así como “los recursos que tienen los ciudadanos a su disposición para salvaguardar dichos derechos, que son esenciales en la sociedad actual, en la que el consumo se ha convertido en un acto diario, en un mercado en constante crecimiento y transformación”.

Como ha resaltado la consejera, la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía contempla siete derechos: a la protección de la salud y la seguridad; a la protección de los intereses económicos y sociales; a la reparación de daños y la indemnización; a la información; a la educación y a la formación; a la participación, representación y audiencia; y a una especial protección en situaciones de inferioridad, subordinación o indefensión.

Para ejemplificar el trabajo que realiza la Junta de Andalucía para la protección de estos derechos, Catalina García ha resaltado que la ciudadanía cuenta con instrumentos y servicios como las reclamaciones, el arbitraje de consumo, la Red de Alerta de Andalucía de Productos de Consumo, así como el servicio de información y puesta a disposición de los recursos de consumo que brinda Consumo Responde. Por ello, ha felicitado a la Dirección General de Consumo por la labor que se realiza desde el Servicio de Educación y Promoción de las Personas Consumidoras, el Servicio de Mediación, Reclamaciones y Arbitraje y el Servicio de Inspección y Normativa de Consumo.

La titular de Salud y Consumo ha señalado que el compromiso de la Administración se vio reflejado el año pasado en la tramitación de 12.574 reclamaciones, relacionadas, sobre todo, con el comercio minorista (20,7%), los servicios esenciales como el suministro eléctrico y de agua (2.432, 19,33%), y las telecomunicaciones (994 reclamaciones, 7,9%); seguidas de los vehículos (838 reclamaciones, 6,66%); los transportes (625, 4,9%); la hostelería y el turismo (623, 4,9%); y las entidades financieras e inversión (608 reclamaciones, 4,8% del total).

Preservar la seguridad

Catalina García ha subrayado especialmente las inspecciones de consumo que se realizaron para “preservar la seguridad de los consumidores y usuario”. Así, en 2023 se llevaron a cabo 19 campañas de control en los ámbitos de los alimentos, productos industriales y los servicios. Para comprobar la adecuación a la normativa de consumo se visitaron 13.821 establecimientos de todas las provincias andaluzas, 1.200 más que en 2022, y se realizaron 437 tomas de muestras de productos industriales y alimentos para comprobar el cumplimiento de la normativa. A raíz de las actuaciones inspectoras, se iniciaron 2.214 expedientes sancionadores, de los cuales fueron resueltos 2.099, elevándose la cuantía de multas impuestas a 8,3 millones de euros.

En el período comprendido entre 2019-2023, la Inspección de Consumo ha realizado un total de 107 campañas de inspección y ha levantado 72.248 actas, de las que 14.503 detectaron alguna irregularidad en el control realizado, lo que supone un 20% del total. Además, se tomaron un total de 2.020 muestras, a razón de 588 de productos alimenticios y 1.432 de productos industriales, para su ensayo en laboratorio, de las que 699 arrojaron incumplimientos, lo que supone un 34%, ya sea por defectos de etiquetado, composición, calidad o seguridad. En la realización de estas actuaciones inspectoras, se visitaron un total de 59.926 establecimientos. 

Como consecuencia de estas actuaciones en materia de inspección, se han incoado 10.600 procedimientos sancionadores y se han resuelto 10.576 procedimientos sancionadores, de los que ha resultado la imposición de sanciones de multa por importe de 49.994.832 euros.

Además, la Dirección General de Consumo introdujo en la Red de Alerta de productos no alimenticios para retirarlos del mercado un total de 38 productos en 2023. Si bien, desde 2019, 319 productos resultaron inseguros, sobre todo en las categorías de juguetes, artículos de puericultura, punteros láser, pequeños electrodomésticos, mascarillas de protección, ropa infantil o sillas de paseo. “Estos productos inseguros se retiran del mercado para que no se comercialicen ni estén accesibles a las personas consumidoras y usuarias”, ha indicado la consejera, que ha añadido que estas inspecciones y la Red de Alerta “son una garantía de que los productos que se comercializan cumplen con los requisitos de seguridad”.

Declaración institucional

En su declaración institucional, la directora general de Consumo, Milagros de Borbón, también ha querido destacar la importancia de que la ciudadanía cuente con procedimientos como el arbitraje, otro de los ejes principales a la hora de proteger los derechos de las personas consumidoras y usuarias. “Un sistema arbitral –ha afirmado De Borbón– que valoramos de manera especial desde la Administración, como procedimiento de carácter público y gratuito que permite resolver los conflictos de consumo de manera eficaz, sencilla y con efectos vinculantes y ejecutivos”. Las empresas son cada vez más conscientes de las ventajas de este sistema. Casi un centenar se adhirió a lo largo del año 2023 al Sistema Arbitral de Consumo de Andalucía de Consumo a través de la Junta Arbitral de Consumo de Andalucía, sumando en la actualidad más de 5.300 empresas adheridas.

La directora general también ha querido poner de relieve el trabajo que, en el ámbito del derecho a la información y la educación, se realiza a través del servicio público Consumo Responde, como servicio de información y recursos en materia de consumo referente a nivel andaluz y nacional. De Borbón ha resaltado que “la formación desde la infancia y la información, en este ámbito, resultan de vital importancia a la hora de propiciar que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y deberes con plenas garantías”. 

Consumo Responde está en continuo crecimiento, reflejado en los 1,26 millones de sesiones en 2023 en la web www.consumoresponde.es, así como en las 1,04 millones de personas usuarias que accedieron a la página en busca de información y/o recursos. Desde 2019, este portal ha recibido más de 5,6 millones de visitas. Además, la comunidad de personas que siguen de Consumo Responde en las redes sociales se eleva a 12.350 seguidores y seguidoras.

Milagros de Borbón ha manifestado que “difundir y agilizar el acceso a los recursos existentes en materia de consumo permite que haya un mayor número de personas más activas, críticas y responsables en la toma de decisiones sobre el consumo de bienes, productos y servicios, y desde la Junta de Andalucía nos esforzamos cada día para que esto se pueda llevar a cabo porque creemos firmemente en estos principios”. 

El programa de esta jornada en la víspera del Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras prosiguió en Córdoba, con una conferencia dirigida a todas las personas con interés en consumo, tales como el personal de las delegaciones territoriales de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía y sus servicios provinciales de Consumo, de los ayuntamientos y las oficinas municipales de Información al Consumidor (OMIC) y de las asociaciones y organizaciones de empresarios y de personas consumidoras y usuarias de Andalucía.

La conferencia fue pronunciada por Manuel Izquierdo Carrasco, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba, que llevará por título ‘Retos de la protección del consumidor’, en el salón de actos Delegación del Gobierno andaluz en Córdoba a las 17.30 horas.