El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha estimado parcialmente, por mayoría, el recurso de inconstitucionalidad, promovido por Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía al incurrir “en un exceso competencial, invadiendo las competencias autonómicas en materia de vivienda, lo que conduce a su declaración de inconstitucionalidad y nulidad”, según indican.
Aunque el Alto Tribunal aprecia que, “por primera vez, el Estado ejercita su potestad que le confiere el art. 149.1.1 de la CE para regular las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, reconoce la inconstitucionalidad en lo relativo a la vivienda protegida, parque público y régimen sancionador.
Así, el Constitucional sentencia que la norma estatal en su artículo 16 afecta al régimen de la vivienda protegida con “un nivel de detalle excesivo”, extendiéndose la declaración de inconstitucionalidad a la disposición transitoria primera relativa al sometimiento de las viviendas protegidas que ya estuvieran calificadas definitivamente a la entrada en vigor de la ley.
Asimismo, en el artículo 19.3 el Alto Tribunal considera “excesiva la regulación de la información mínima” cuya determinación para declarar las zonas de mercado residencial tensionado “debe corresponder a las Comunidades Autónomas”, al igual que en lo relativo a la composición de los parques públicos de vivienda que, a juicio del TC, incumple “la función social de la propiedad de la vivienda”.
"Satisfacción" en la Junta de Andalucía
La estimación del recurso presentado por la administración andaluza ha tenido ya respuesta en la Junta de Andalucía a través de la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, que ha mostrado su “satisfacción” por blindar “nuestra regulación en materia de vivienda protegida y el parque público, así como su régimen sancionador”.
Por último, Díaz ha recordado que la norma “no ha tenido consenso ni de las comunidades ni de los sectores afectados, además de que se ha gestado a espalda de las comunidades y está avalada por socios como Bildu”, por lo que desde la Junta mantienen que la Ley Estatal de Vivienda es “una norma ideológica, muy intervencionista y permisiva con la ocupación ilegal”, ha enfatizado.
