El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) lleva semanas sondeando a los españoles sobre pornografía, OnlyFans y prostitución. Todo ocurre mientras el Gobierno y el PSOE ultiman una ley abolicionista que busca erradicar la explotación sexual y sancionar la demanda.
La coincidencia entre las preguntas del cuestionario y las declaraciones públicas de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y del diputado socialista Gabriel Cruz no parece casual. El Ejecutivo quiere medir el pulso social antes de abrir uno de los debates más sensibles del ciclo político: el sexo, el dinero y el poder.
Qué sentiría si "una mujer de su familia ofreciese imágenes o vídeos de contenido sexual"
El sondeo, al que HuelvaHoy ha tenido acceso, incluye preguntas poco habituales para una encuesta pública: desde si la pornografía “es una forma saludable de explorar la propia sexualidad”, hasta qué sentiría el encuestado si “una mujer de su familia ofreciese imágenes o vídeos de contenido sexual en plataformas de este tipo”.
También se indaga sobre los motivos por los que los hombres pagan por sexo, por qué algunas mujeres se prostituyen o crean contenido íntimo, y si pagar por ver actos sexuales online debería sancionarse.
El CIS entra así en el terreno más resbaladizo de la intimidad y el deseo. Pregunta incluso por sentimientos de "vergüenza", "enfado" o comprensión hacia familiares que participen en la industria del porno. Todo ocurre mientras el Gobierno trabaja en un anteproyecto de ley y tensiona el debate de la izquierda feminista, dividida entre la abolición total y la defensa del trabajo sexual como forma de autonomía.
El CIS tantea el debate que se avecina
El cuestionario refleja el nuevo frente moral que se abre en España. Pregunta por la frecuencia con la que los ciudadanos consumen pornografía y los motivos que los llevan a hacerlo —desde el “aburrimiento” hasta la curiosidad o la soledad—. También aborda los sentimientos que despierta saber que un familiar trabaja como actor o actriz porno.
Se incluyen preguntas sobre el conocimiento y uso de plataformas como OnlyFans, la exposición al contenido sexual no consentido, y los riesgos psicológicos, sociales y económicos de la exposición online.
Ana Redondo, ministra de Igualdad, reconoció en septiembre que el Gobierno camina sobre un terreno delicado a la hora de limitar las plataformas de contenido erótico. En una entrevista en Cafè d’idees, de RTVE Catalunya, admitió que “abolir, tendremos que estudiarlo porque no es tan fácil. Hay plataformas (...) y cuestiones que o se trabajan de una globalidad, al menos en un contexto europeo, o es muy difícil darles una buena solución. Una solución razonable”.
La ministra añadió que “estamos estudiándolo, estamos valorando. Evidentemente no podemos obviar que la prostitución se ejerce en internet”. Con esas palabras, Redondo marcó el tono.
La prostitución ya no está solo en la calle. Se mueve entre los algoritmos de X (antes Twitter), los directos de TikTok y los suscriptores anónimos de OnlyFans. El PSOE parece decidido a legislar todo, pero sin dinamitar la frontera entre explotación y consentimiento.
También desde las filas socialistas, Gabriel Cruz —diputado y exalcalde de Huelva— subrayó el 12 de septiembre que “el PSOE se ha pronunciado muy claramente sobre la prostitución”, y que cuando “vaya la abolición de la prostitución al Congreso” ve necesario "apostar por la dignidad de todas las personas en general y muy especialmente de las mujeres: “Tenemos que ser muy respetuosos y muy sensibles”. Las declaraciones de Cruz se produjeron justo cuando comenzaron a circular las primeras preguntas del CIS sobre pornografía y prostitución.
El PSOE lidia con la prostitución
El impulso abolicionista del PSOE llega bajo la sombra de los escándalos que han salpicado al partido en apenas tres años. Los audios del caso Koldo, en los que el exministro, José Luis Ábalos, y su hombre de confianza, Koldo García, bromean sobre prostitutas, o Tito Berni, en medio del caso Mediador, con comisiones y droga, ponen en jaque al mensaje del Gobierno.
El Ejecutivo parece querer saber hasta qué punto la sociedad está dispuesta a aceptar restricciones o prohibiciones en un ámbito difícil de manejar.
