Un ex cargo de la Junta se acoge a su derecho a no declarar al estar inmerso en causas judiciales y otro pide que se elimine de actas los "ataques" a su persona tras haber sido absuelto por el TS en la causa germen de los ERE
N. Acedo
“Buen día a todos, salud sobre todo y paz para todos”. Con estas palabras se ha despedido esta mañana el ex director general de Empleabilidad y Formación Profesional de la Junta Manuel Brenes de los miembros de la comisión parlamentaria de investigación que diseccionan la gestión de la antigua Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) antes de levantarse e irse sin declarar, tras acogerse a su derecho a no hacerlo por hallarse inmerso en causas judiciales como investigado y como testigo.
La extinta Faffe se creó en 2003 como un ente adscrito a la Consejería de Empleo y tenía como objetivo prioritario el "impulso" y la "dinamización" del "tejido productivo andaluz" a través de proyectos de formación, a la luz de lo reflejado en el acuerdo de su constitución al que se dio el visto bueno en Consejo de Gobierno. Estuvo operativa hasta 2011, cuando se integró en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que "se subrogó en todos los derechos y obligaciones" de la entidad y heredó a sus trabajadores. Ha copado espacio mediático incluso por gastos en varios prostíbulos de la comunidad.
Brenes se ha sumado hoy a la extensa lista de silencios de los citados que ya acumula la comisión que intenta averiguar qué pasó en el seno de la ex fundación del Ejecutivo regional, aunque ha aseverado que cuando se resuelva su actual situación judicial, estaría dispuesto a volver a la Cámara para responder a las cuestiones que planteen los grupos parlamentarias. Confía, ha dicho, en poder demostrar su inocencia "más pronto que tarde".
Los portavoces de los partidos han mostrado su respeto por la decisión de Brenes, aunque han lamentado que una vez más “los andaluces” se hayan quedado “sin tener la posibilidad de aclarar información” sobre temas como el “enchufe” de su hija en la Faffe.
Horas antes hubo quien se agarró a otro acomodo formulario para no contestar a las preguntas de sus señorías. El ex delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas condicionó "con toda lógica y fundamento" su comparecencia a que se eliminaran de todas las actas del Pleno del Parlamento autonómico o de las correspondientes comisiones “cuantas referencias haya” a su persona que “atenten” o pongan en duda su “total y absoluta inocencia” y su “derecho al honor", que se supriman esos "ataques".
Rivas tiene heridas en la memoria. Se vio inmerso en el “caso Mercasevilla”, el germen de la que luego fuera la “macrocausa” de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos, pero el Tribunal Supremo (TS) dejó sentada su inocencia en 2014 en una sentencia en la que se hizo mención expresa a que hubo instituciones que habían "violado" sus derechos y su presunción de inocencia.
Antes de salir de la sala, el ex delegado provincial de Empleo sí ha expresado que nunca fue gestor en la Faffe y ha defendido que no supo, permitió o participó en la gestión ni del personal ni del área contable o financiera de ese ente. Sólo perteneció a un patronato que se reunía una o dos veces al año.
El presidente del órgano parlamentario de investigación, Enrique Moreno (Cs), lo instó a que permaneciera en la comisión con la garantía de que se iba a reconocer su presunción de inocencia, pero Rivas se fue, como luego haría Brenes. Desde que arrancaran los trabajos del ente de investigación de la Cámara más de una veintena de llamados a intervenir se han negado a atender a los parlamentarios que se habían preparado listados de interrogantes para intentar esclarecer qué pasó en la polémica Faffe.
