El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que moviliza más de 7.000 millones de euros en ayudas y medidas extraordinarias para hacer frente a los daños provocados por las recientes borrascas e inundaciones en municipios de Andalucía y Extremadura. El paquete tiene como objetivo facilitar la recuperación social, económica e institucional de las zonas más afectadas por el temporal.
La norma se suma a la declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil aprobada la semana pasada y recoge medidas propuestas por distintos ministerios, entre ellos Hacienda, Interior, Trabajo, Agricultura, Política Territorial, Transición Ecológica y Seguridad Social. El Ministerio de Política Territorial será el encargado de concretar, en el plazo de un mes, los municipios que podrán acogerse a estas ayudas, atendiendo a los desalojos registrados, la magnitud de los daños y la situación financiera de las administraciones locales.
Uno de los principales ejes del Real Decreto-ley es la puesta en marcha de una nueva ayuda directa de 150 euros por persona y día para las personas desalojadas, con carácter retroactivo desde el inicio de los desalojos. Según los datos oficiales, más de 12.400 personas se vieron obligadas a abandonar sus viviendas a causa del temporal. Esta compensación será compatible con otras ayudas por daños materiales en viviendas y enseres.
El texto legal incrementa de forma notable las indemnizaciones previstas para los afectados. En el caso de fallecimiento, la cuantía se eleva hasta los 72.000 euros, mientras que las ayudas por destrucción total de la vivienda pasan de 15.120 a 60.480 euros. Las compensaciones por daños en enseres domésticos aumentan de 2.580 a 10.320 euros, y también se multiplican las ayudas para establecimientos industriales, mercantiles y de servicios. Además, se eliminan los umbrales de renta para acceder a las ayudas por daños en viviendas.
Todas estas ayudas tendrán efecto retroactivo y estarán exentas de tributación tanto en el IRPF como en el Impuesto de Sociedades. Asimismo, no computarán como ingresos a efectos del Ingreso Mínimo Vital. El Real Decreto-ley incluye también un mecanismo para solicitar el anticipo del 50% de las ayudas mediante una declaración responsable, antes de que finalice la tramitación completa.
En el ámbito municipal, el Gobierno pone en marcha un plan específico de apoyo a las corporaciones locales, con un fondo de 2.000 millones de euros en transferencias directas para la reconstrucción y reparación de infraestructuras municipales y la recuperación de servicios públicos esenciales. Estas ayudas podrán anticiparse al 100% de su importe y no computarán en la regla de gasto, permitiendo además a los ayuntamientos utilizar su superávit de 2025. También se amplían los plazos legales para ejecutar las obras de reconstrucción.
El Real Decreto-ley contempla además un Plan de Empleo dotado con 50 millones de euros para que los ayuntamientos puedan impulsar la actividad económica y laboral en las zonas afectadas.
En materia fiscal, se aprueban exenciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para inmuebles rústicos y reducciones en el Impuesto de Actividades Económicas en las zonas dañadas. El impacto estimado de estas medidas fiscales alcanza los 320 millones de euros. En los casos en los que los impuestos ya se hayan abonado, se habilita la posibilidad de solicitar la devolución.
El paquete incluye también ayudas directas para autónomos y empresas, especialmente en sectores como la hostelería y el comercio minorista. Para personas físicas, las ayudas ascenderán a 5.000 euros, mientras que para las empresas oscilarán entre los 10.000 y los 150.000 euros en función de su volumen de operaciones. Estas ayudas comenzarán a abonarse a partir del 19 de marzo de 2026.
El sector agrario, ganadero y pesquero contará con un paquete de apoyo que supera los 2.800 millones de euros. Entre las medidas previstas figuran ayudas directas por pérdida de renta, subvenciones adicionales a titulares de seguros agrarios, reducción del número de peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario y ayudas específicas para armadores de buques de pesca en provincias como Huelva, Cádiz y Málaga. Además, se habilitan líneas de financiación y avales por valor de 200 millones de euros para explotaciones agrarias y pesqueras.
El Real Decreto-ley destina también fondos para la reparación de infraestructuras viarias, ferroviarias, hidráulicas y de regadío, así como actuaciones en costas y cauces fluviales. En total, estas partidas superan los 1.200 millones de euros, con intervenciones tanto de competencia estatal como municipal.
En el ámbito laboral y de Seguridad Social, se establece una prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos hasta el 31 de mayo de 2026, sin exigir periodo mínimo de cotización y sin que compute para futuras prestaciones. Las empresas afectadas podrán acogerse a ERTE por causa de fuerza mayor, con exenciones en las cotizaciones sociales y la prohibición de despidos mientras duren las ayudas. También se aprueban aplazamientos y moratorias especiales en el pago de cuotas a la Seguridad Social y se garantiza la protección por desempleo de las personas empleadas del hogar.
