Los inspectores de Hacienda exigen la dimisión de Montero por el pacto fiscal con Cataluña
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha pedido este miércoles, 16 de julio, la dimisión inmediata de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña para crear un modelo de financiación “singular” para esta comunidad autónoma. Además, c consideran que el pacto, presentado el pasado lunes, representa “una situación gravísima” y advierten de que abre “un camino sin retorno” hacia la ruptura operativa de la Agencia Tributaria (AEAT).
Según el colectivo, que agrupa al 80% del cuerpo de inspectores de Hacienda del Estado, el documento hecho público es “confuso, contradictorio y ambiguo” y no va acompañado de un análisis técnico riguroso que justifique el supuesto beneficio del modelo para el conjunto del sistema fiscal. Además, la presidenta de la asociación, Ana de la Herrán, acusa a la ministra de “despreciar el rigor técnico” y de llevar a cabo una reforma de gran calado “por la puerta de atrás”.
Por otro lado, la mayor preocupación del cuerpo de inspectores radica en el fraccionamiento que podría suponer para la Agencia Tributaria. En una rueda de prensa celebrada en Madrid, José María Peláez, secretario del IHE, advirtió que dividir la AEAT obligaría a duplicar bases de datos, sistemas de recaudación y estructuras de control, con el consiguiente impacto en la eficacia del sistema tributario estatal.
Uno de los puntos más polémicos del pacto es la intención de que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) asuma la campaña del IRPF del próximo año. Para la IHE, esto provocaría una merma en los fondos disponibles para financiar servicios públicos estatales y pondría en desventaja al resto de comunidades autónomas. Además, los inspectores ven técnicamente inviable que la ATC asuma esas funciones en tan poco tiempo, dado que “le faltan recursos, personal y sistemas adecuados”.
Por último, los inspectores recuerdan que el modelo de financiación singular no está regulado por la Constitución ni por ninguna norma de desarrollo, por lo que su aplicación, afirman, sería ilegal si no se modifican antes los marcos legislativos vigentes.