La Junta destituye a la viceconsejera de Sanidad por los fallos en los cribados de cáncer de mama
La crisis de los cribados del cáncer de mama en Andalucía continúa generando consecuencias políticas. El Gobierno andaluz ha cesado a la viceconsejera de Sanidad, María Luisa del Moral, tras conocerse los fallos en la comunicación de resultados que afectaron a 2.317 mujeres.
Su puesto será ocupado por Nicolás Navarro Díaz, actual vicepresidente primero de la Diputación de Granada, primer teniente alcalde de Motril y jefe del servicio de Urgencias del Hospital HLA Inmaculada.
La portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, enmarcó este nuevo relevo dentro de la reestructuración que se está llevando a cabo en la Consejería de Sanidad, dirigida ahora por el número dos del Gobierno andaluz, Antonio Sanz.
La pasada semana también se produjo el cese del delegado de Salud en Sevilla, Manuel Molina, antiguo gerente del Hospital Virgen del Rocío, el centro donde se detectaron la mayoría de los errores. Asimismo, fueron destituidos la consejera de Sanidad, Rocío Hernández, el jefe del Servicio de Radiodiagnóstico y la coordinadora de la Unidad de Cáncer de Mama del mismo hospital.
Desde la Junta se insiste en que los fallos responden a un “problema de organización” en el Hospital Virgen del Rocío, aunque la Fiscalía de Andalucía mantiene abierta una investigación tras las denuncias de mujeres que aseguran haber esperado más de dos años sin conocer los resultados de sus mamografías. Algunas de ellas desarrollaron un cáncer que, según la investigación, podría haberse detectado antes.
Por otro lado, el grupo socialista ha presentado una queja formal por lo que considera un “veto político” a la asociación de mujeres con cáncer de mama Amama, que no pudo comparecer en la Comisión de Hacienda durante el debate de los Presupuestos autonómicos de 2026.
El PSOE acusa al PP de impedir su participación “por órdenes de arriba” y advierte de que la decisión “rompe con la práctica parlamentaria de consenso y pluralidad”. Desde Adelante Andalucía también han criticado el veto, calificándolo de “vergüenza” y reclamando transparencia en el tratamiento del programa de cribado.
Mientras el Ejecutivo intenta recuperar la estabilidad interna, el caso sigue bajo la lupa judicial y política, con la gestión sanitaria en el punto de mira y la confianza ciudadana en juego.