Andalucía ha reclamado al Gobierno de España la aprobación de una nueva Ley de Costas que refuerce la seguridad jurídica y tenga en cuenta la realidad territorial actual del litoral. Así lo ha trasladado este jueves en el Pleno del Parlamento andaluz la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, quien además ha anunciado que la Junta ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el deslinde aprobado por el Estado en el entorno de Doñana.
Durante su intervención, la consejera ha señalado que el actual marco normativo se aprobó hace décadas y el contexto territorial y ambiental del litoral ha cambiado de forma significativa. Según ha explicado, fenómenos como la regresión de playas o la erosión costera evidencian la necesidad de revisar los instrumentos de gestión existentes.
En este contexto, ha defendido que la protección del litoral debe ir acompañada de una gestión eficaz que tenga en cuenta la realidad del territorio. “La protección del litoral es irrenunciable, pero también proteger mejor significa gestionar mejor”, ha afirmado.
La consejera también ha trasladado el rechazo del Gobierno andaluz a la modificación del Reglamento General de Costas y del Reglamento de Estrategias Marítimas. A su juicio, estos cambios normativos se han planteado sin el consenso necesario con las comunidades autónomas. “Estas modificaciones se han planteado sin el consenso necesario con las comunidades autónomas y sin atender adecuadamente a la realidad territorial de nuestras costas”, ha señalado.
Además, varias comunidades autónomas han solicitado la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Costas para abordar de forma conjunta los retos que afronta el litoral. En este sentido, la consejera ha defendido la participación activa de las comunidades en las decisiones sobre el territorio. “Las decisiones sobre el litoral no pueden adoptarse de espaldas a quienes gestionan el territorio y conocen de primera mano la realidad de nuestras costas”.
Durante su intervención, Catalina García también se ha referido al deslinde aprobado por el Estado en el entorno de Doñana, que incluye dentro del dominio público marítimo-terrestre una amplia superficie de marismas. Según ha explicado, esta decisión ha generado preocupación entre propietarios, agricultores y administraciones locales.
Ante esta situación, la Junta de Andalucía ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el deslinde. “Las decisiones sobre espacios tan valiosos como Doñana deben construirse desde el rigor científico, el diálogo institucional y el respeto a los órganos de participación”, ha afirmado.
La consejera ha reiterado que la posición del Gobierno andaluz no cuestiona la necesidad de proteger Doñana, sino que busca garantizar que las decisiones se ajusten a la realidad ecológica del territorio. En este sentido, ha subrayado el compromiso del Ejecutivo andaluz con la conservación del litoral. “Nuestro compromiso con la protección de los ecosistemas costeros es firme y forma parte de las prioridades de nuestra acción de gobierno”, ha concluido.
