La propuesta de Bosquet, abierta aún a las incorporaciones de los grupos y de los diputados no adscritos, prevé sanciones para los comparecientes que no respondan en los entes de investigación, sin causa legal
N. Acedo
No es un volver a empezar desde cero, se trata de avanzar. Uno de los objetivos de legislatura de la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet (Cs), es sacar adelante una reforma del Reglamento de la Cámara. Hoy ha hecho público un borrador en el que lleva meses trabajando junto al equipo jurídico de la institución, según el cual, se modificarían 105 artículos, de un total de 193, y se agregarían 14. Las novedades incluirían la mención expresa de la posibilidad de que se celebren actuaciones fuera de la sede sevillana, en el marco del mapa andaluz, de forma excepcional; o la reducción de los tiempos de intervención en los debates de carácter general y en las sesiones informativas de miembros del Consejo de Gobierno de la Junta, así como de los grupos parlamentarios. Se plantea que se pase de 20 a 15 minutos y de 10 a 7, respectivamente, con una fase de réplica de 5 y 3 minutos para ganar en dinamismo.
Se recoge también en el texto la comparecencia de los senadores designados por la Cámara, de acuerdo a lo fijado en el Estatuto de Autonomía, y una adaptación a una realidad política que incluye gobiernos de coalición como el autonómico actual, integrado por PP y Cs: no podrían presentarse más de una interpelación por parte de los grupos que sustenten el Ejecutivo y se pretende además disminuir los tiempos de 10 a 7 minutos con réplica de 3. En la misma línea, pero respecto a las preguntas parlamentarias, de salir adelante la reforma, éstas se atribuirán a los diputados de los distintos grupos de forma proporcional a la importancia numérica de éstos, si bien las asignadas a los parlamentarios de cada grupo no será inferior a dos y los representantes de partidos que integren el Consejo de Gobierno solo tendrán derecho, en su caso, a la asignación de la tercera parte.
Otro de los asuntos que se ha plasmado en el borrador, consultado por este diario, es la presencia equilibrada entre hombres y mujeres en los nombramientos y designaciones de instituciones u órganos que corresponda efectuar al Parlamento, de modo que el número de personas de cada sexo no supere el 60%.
Y uno de los bloques que sufriría importantes cambios es el de las comisiones de investigación como la que gira en torno a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), aún en funcionamiento y que acumula un rosario de espantadas y de silencios. En relación a ellas se apuesta por que se incruste en el Reglamento que el objeto debe ser “un asunto de interés público que afecte al ámbito de competencias de la comunidad”. Junto a ello, y en torno a los requerimientos para comparecer ante esos entes de investigación se añade que habrán de contener la fecha, el lugar, el día y la hora de la cita, el nombre, apellidos y dirección del llamado -si se trata de personas jurídicas se notificará a sus representantes legales- y si éste es funcionario público, “se enviará copia de la citación a su superior jerárquico, a los solos efectos de su conocimiento”. Se aboga, asimismo, por sumar “el apercibimiento” de que si no se acude, se podría incurrir “en la responsabilidad prevista en el Código Penal”.
El compareciente estaría obligado a “declarar y a contestar a las preguntas que se le formularen en relación con el objeto de la investigación de modo completo y adecuado” y de no cumplir, como hizo el ex presidente andaluz Manuel Chaves en la comisión de la Faffe y tras él una hilera de ex cargos socialistas más, podría “ser sancionado con multa de hasta 60.000 euros, tras el correspondiente procedimiento contradictorio, que sería resuelto por la Mesa del Parlamento”, a instancia del presidente o algún miembro de la comisión, a la luz de lo expuesto en el borrador. Sería la Mesa la que “regulara el procedimiento para la imposición y exigencia de la sanción", equiparable a otras del ámbito administrativo como las de Hacienda, “a cuyos efectos podrá utilizarse el procedimiento de apremio”. Pero hay una salvedad: que “concurra causa legal que ampare” el derecho al citado a “prestar silencio o no declarar contra sí mismo”.
No se eluden tampoco los falsos testimonios, sobre los que se asevera que, si éstos se evidencian tras las conclusiones de las tareas de investigación que apruebe el Pleno, la Mesa de la Cámara, a través de su Presidencia, “dará traslado al Ministerio Fiscal para el ejercicio de acciones cuando proceda”.
El destino del borrador difundido hoy todavía es incierto. Bosquet ha incidido en que “está abierto a las aportaciones y modificaciones de los grupos parlamentarios -y de los diputados no adscritos-”. En ese sentido, ha defendido que es una propuesta “alejada de intereses políticos y aséptica” y ha avanzado que, una vez registrada la reforma, podría estar resuelta en dos o tres meses ya que, entre otros asuntos, está exenta de la comparecencia de los agentes sociales. De momento, desde el PSOE ya han avisado de que estudiarán lo armado para que no se conculquen derechos y desde el PP se ha lanzado que la reforma requeriría de “un amplio consenso” de los grupos.
Susana Díaz, citada por tercera vez en la comisión Faffe
En relación a la Faffe, hoy se ha conocido que la comisión que analiza la gestión de la ex fundación de la Junta ha citado por tercera vez a la ex presidenta del Gobierno autonómico Susana Díaz, como ha adelantado ABC y han confirmado a este periódico fuentes parlamentarias. En esta ocasión el día marcado en la agenda es el próximo viernes 3 de diciembre.
