El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha negado a declarar ante el juez que investiga a su esposa por tráfico de influencias y corrupción en los negocios acogiéndose a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que respalda que al ser cónyuge de Begoña Gómez está "dispensado de la obligación de declarar".
Así lo ha confirmado la acusación popular que ha acudido junto a la Fiscalía, el juez Juan Carlos Peinado y la defensa de los encausados se han trasladado a La Moncloa para interrogar al presidente del Gobierno acerca de los hechos investigados de los que hace unos días quería responder por escrito. De esta forma, al acogerse a su derecho a no declarar, el juez no ha permitido que se realizasen ningún tipo de pregunta.
Según la coordinadora jurídica de Vox, Marta Castro, Sánchez ha estado "impávido y altanero" en una testifical que se ha demorado unos 20 minutos por "cuestiones técnicas" en el "despacho habilitado a tal efecto". Al mismo tiempo, pide "analizar el alcance de la no declaración".
No obstante, la acusación popular ha destacado que el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) puede evitar declarar sobre su esposa, "pero en ningún caso en relación a los otros dos acusados, como el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, y el empresario Juan Carlos Barrabés.
Sánchez anuncia querella contra el juez
Horas más tarde, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la presentación de una querella a través de la Abogacía del Estado en la que acusa al juez Juan Carlos Peinado de prevaricar en la investigación que dirige contra su esposa por presunto tráfico de influencia y corrupción en los negocios.
