Las polémicas propuestas de Podemos en materia de vivienda están generando una gran incertidumbre en la ciudadanía, inversores y sector inmobiliario al basar la mayor parte de sus fundamentos en medidas restrictivas que condicionarían notablemente el sector del alquiler y venta de inmuebles residenciales.
Una de las propuestas que recoge la proposición de ley presentada ya en el Congreso es la imposición de diez años como duración mínima en los contratos de alquiler y de doce cuando el propietario sea una persona jurídica, con el objetivo de “garantizar la vivienda como un derecho”, afirman.
Así lo ha anunciado el portavoz de la formación 'morada' en el Congreso, Javier Sánchez Serna, que ha confirmado también otras de sus medidas como la autorización a entes locales para prohibir la compra de vivienda si no es para residir en ella, un impuesto especial contra la reventa de casas a corto plazo (flipping) así como propuestas de limitaciones para la vivienda turística y la obligación de que grandes tenedores pongan la mitad de sus propiedades en alquiler social.
Las medidas han encontrado un fuerte rechazo en el sector de la vivienda ya que, según algunos expertos, la propuesta podría suponer más problemas a la hora de acceder a la oferta de alquileres por las limitaciones que encontrarían los propietarios para ofrecer su vivienda como alquiler.
Los diputados de Podemos son necesarios para que la legislatura siga su curso, por lo que se desconoce si el Gobierno de Sánchez podría dar vía libre a la propuesta de ley que propone la formación morada cuya candidata a las europeas es la exministra Irene Montero.
