Puigdemont no podrá ser investido a distancia, según el TC
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha decidido por unanimidad este sábado tras casi seis horas de reunión, suspender la sesión del Parlament de Cataluña del próximo martes solo si dicha investidura se pretende hacer en ausencia del candidato de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont.
Se le exige además que acuda con autorización del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que es el que mantiene viva la orden de busca y captura que se ejecutará si pisa suelo español.
Se trata de una medida cautelar acordada en respuesta al recurso del Gobierno, que contaba con el dictamen desfavorable del Consejo de Estado, y que irá acompañada de un requerimiento en el que advierten de que su decisión debe ser obedecida, han señalado las mismas fuentes.
El pleno, que aplaza su decisión sobre la admisión a trámite del recurso una vez que haya oído a todas las partes y haya resuelto las dudas que han planteado sobre su admisibilidad, ha considerado que, para ser investido, Puigdemont debe acudir personalmente a la cámara y obtener antes autorización del juez.
En su resolución, los once magistrados que componían este sábado el Pleno extraordinario --ha faltado el conservador Andrés Ollero, por motivos personales--, se advierte expresamente al presidente del Parlament, Roger Torrent, y los demás miembros de la Mesa de la Cámara de las responsabilidades "incluidas las penales" en las que pueden incurrir en caso de no acatar la suspensión y seguir adelante con la investidura del expresidente catalán sin los requisitos exigidos.
Similares advertencias fueron hechas en su día a la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, en relación con otras resoluciones del TC que fueron incumplidas, y el asunto provocó la presentación de una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ha terminado en la causa que se sigue en el Tribunal Supremo por rebelión y malversación.
Tras la posición del Consejo de Estado contraria a la interposición del recurso por el Gobierno, la solución alcanzada este sábado por el Tribunal de garantías permite superar las tesis contrarias a la admisión del recurso planteadas inicialmente por el ponente de la resolución, el magistrado progresista Juan Antonio Xiol. La propuesta partió del magistrado también progresista Fernando Valdés, han informado fuentes jurídicas.