Sánchez admite la “gravedad” del registro de la UCO en Ferraz pero rechaza adelantar elecciones

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reconocido este miércoles “la gravedad” de la investigación de la Audiencia Nacional que afecta a cargos socialistas y que ha desembocado en una actuación de la UCO en la sede federal del partido en la calle Ferraz. Aun así, ha defendido que el PSOE actuó hace más de un año apartando a la exmilitante Leire Díez cuando estalló el caso.

Sánchez realizó estas declaraciones en Roma tras reunirse con el Papa León XIV y después de que el juez Santiago Pedraz imputara al exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán, al exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, dentro de la investigación sobre una supuesta trama destinada a desestabilizar procedimientos judiciales relacionados con el partido.

El presidente del Gobierno quiso matizar además que la actuación de la Guardia Civil en Ferraz no consistió en un “registro”, sino en un “requerimiento de información”, aunque admitió la importancia política y judicial de lo sucedido. “No quiero restar gravedad ni importancia a estas actuaciones”, aseguró.

El líder socialista insistió en que el PSOE ya tomó medidas contra Leire Díez cuando el caso salió a la luz hace más de un año y prometió actuar nuevamente si aparecen nuevas irregularidades. “Si aparecen nuevos comportamientos irregulares actuaremos con contundencia y colaborando con la Justicia”, afirmó.

Sánchez también salió en defensa de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, negando tajantemente que exista financiación ilegal en el partido. Según sostuvo, la responsable económica socialista ha gestionado las cuentas “de manera escrupulosa” y cree que las acusaciones difundidas hasta ahora “han quedado desmentidas”.

En paralelo, el juez también apunta en su auto a posibles irregularidades del diputado socialista Juan Francisco Serrano y del expresidente de Correos Juan Manuel Serrano, aunque por el momento ninguno de los dos ha sido imputado. El magistrado considera que existen indicios de colaboración con los investigados, aunque deja pendiente concretar responsabilidades según avance la investigación.

Pese a la presión política y judicial, Sánchez descartó de forma tajante un adelanto electoral y aseguró que seguirá gobernando hasta el final de la legislatura en 2027. “Estas investigaciones ya veremos en qué acaban, pero no impugnan en absoluto la acción del Gobierno ni los avances sociales y económicos”, defendió.

El presidente también reafirmó públicamente su apoyo al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero después de conocerse el auto del juez José Luis Calama, ante el que tendrá que comparecer los próximos 17 y 18 de junio. “Todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo”, declaró Sánchez, asegurando que, tras leer el sumario y consultar con expertos jurídicos, no ve motivos para cambiar de postura.

Mientras tanto, el Partido Popular endureció aún más sus ataques al Ejecutivo. Durante una interpelación en el Congreso, el diputado popular José Vicente Marí acusó al Gobierno de haber puesto una “alfombra roja” al rescate de Plus Ultra pese a que la compañía “no era solvente” y tenía deudas con la Seguridad Social. Además, vinculó las gestiones investigadas judicialmente al entorno de Zapatero y afirmó que el PSOE ha convertido el poder en “el epicentro del mercadeo de influencias”.

El parlamentario popular sostuvo que el Ejecutivo está “atravesado por la corrupción de arriba abajo” y reclamó elecciones anticipadas. “Váyanse a su casa para ahorrar a los españoles este bochorno”, espetó durante el debate parlamentario.

También el secretario general del PP, Miguel Tellado, acusó este miércoles a los socios parlamentarios de Sánchez de ser “cómplices necesarios” de la corrupción que, según dijo, “aflora día a día” en torno al PSOE. Además, aseguró que el PP hará “todo lo posible” para acabar con el Gobierno “dentro de la ley y de la Constitución”.