Las universidades públicas andaluzas han reclamado a la Junta de Andalucía el cumplimiento íntegro de sus obligaciones financieras con el Sistema Universitario Público Andaluz, denunciando los reiterados incumplimientos del modelo de financiación aprobado por el propio Gobierno autonómico y vigente desde hace más de dos años.
Según ha manifestado la comunidad universitaria, durante los ejercicios 2024 y 2025 no se ha respetado la denominada cláusula de salvaguarda, que garantiza al menos el 100 % de la financiación del año anterior, incrementada con las subidas salariales del personal del sector público. En este sentido, las universidades aseguran que aún se adeuda el 0,5 % de la subida salarial correspondiente a 2024, además de no haberse actualizado el Capítulo II, tal y como establece el modelo.
A esta situación se suma que, en el segundo reparto de 2025, más de 37 millones de euros destinados al pago de retribuciones se han transferido como proyectos estratégicos no consolidables, cuando el propio modelo contempla que estos conceptos deben tener carácter consolidable para ejercicios futuros.
Las universidades también critican la negativa de la Junta a abonar las cantidades necesarias para aplicar en su totalidad los acuerdos firmados en Sevilla y Jaén, relativos a nuevos complementos retributivos del personal docente y del personal técnico, de gestión y de administración y servicios. Según denuncian, las transferencias realizadas son insuficientes y no incluyen los costes derivados de las cotizaciones sociales, lo que agrava la situación financiera de las instituciones académicas.
Otro de los aspectos señalados es la autorización tardía del uso de remanentes no afectados, cifrados en 20 millones de euros anuales, cuya aprobación se produce al final del ejercicio o, en el caso de 2025, aún no se ha materializado, dificultando su utilización efectiva y su planificación como inversión plurianual en infraestructuras.
Asimismo, las universidades reclaman la consolidación y refuerzo de la partida de nivelación, prevista para corregir desigualdades históricas entre universidades. Aunque valoran positivamente su activación, consideran insuficiente su cuantía y denuncian su carácter no consolidado, lo que limita su eficacia.
La principal reivindicación, no obstante, es el cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que obliga a garantizar una financiación basal suficiente para cubrir gastos de personal, funcionamiento e inversiones necesarias para el correcto desarrollo de la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento.
Por último, la comunidad universitaria exige que se respete el compromiso del presidente de la Junta de Andalucía de aportar 16 millones de euros adicionales destinados a sostenibilidad y digitalización, una partida que aseguran ha desaparecido del reparto autonómico.
