Las víctimas andaluzas del accidente ferroviario de Adamuz ya pueden solicitar las ayudas económicas aprobadas por la Junta de Andalucía para complementar las prestaciones estatales derivadas del siniestro ocurrido el pasado 18 de enero en la localidad cordobesa.
El plazo de presentación de solicitudes se abre este martes y permanecerá disponible durante tres meses, después de que la convocatoria haya sido publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Las ayudas fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno el pasado 12 de mayo y posteriormente ratificadas por unanimidad en el Parlamento andaluz.
Las cuantías previstas para las personas que sufrieron lesiones físicas oscilan entre los 481 y los 16.828 euros, dependiendo de la gravedad de las secuelas. En el caso de las familias de las personas fallecidas, la ayuda establecida asciende a 14.424 euros.
La medida está dirigida a quienes residían en Andalucía en el momento del accidente. Según la Junta, estas ayudas pretenden aliviar parte de las consecuencias económicas que continúan afrontando los afectados más de cuatro meses después del siniestro.
Muchos de ellos deben hacer frente a gastos derivados de tratamientos psicológicos, procesos de rehabilitación o adaptaciones en sus viviendas para garantizar la accesibilidad tras las lesiones sufridas. Además, algunos afectados encuentran dificultades para reincorporarse al mercado laboral debido a las secuelas físicas provocadas por el accidente.
La Junta también destaca que las víctimas y sus familiares continúan asumiendo desplazamientos al Tribunal de Instancia de Montoro, encargado de la investigación judicial del caso. La mayoría de los afectados son vecinos de la provincia de Huelva, una de las más golpeadas por la tragedia.
Las ayudas serán compatibles con las concedidas por el Estado y estarán exentas de tributación en el tramo autonómico del IRPF. Además, se abonarán mediante un único pago con el objetivo de agilizar el apoyo económico a los beneficiarios.
La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública será la encargada de tramitar las solicitudes y resolverlas en un plazo máximo de dos meses desde su presentación. Para facilitar los trámites, las víctimas ya reconocidas por el Gobierno central no tendrán que volver a aportar documentación que ya obre en poder de las administraciones públicas.
En cuanto a las ayudas destinadas a familiares de fallecidos, podrán beneficiarse los cónyuges o parejas de hecho y los hijos, independientemente de su edad. Si no existieran, tendrán derecho a la ayuda los progenitores y, en su defecto, los ascendientes de segundo grado o los hermanos. Cuando concurran varios beneficiarios, la cantidad se repartirá a partes iguales.
