No corren buenos tiempos para las arcas municipales de la mayoría de ayuntamientos del país. En los últimos años cayeron en picado los ingresos y los gastos se mantienen o, en el mejor de los casos, se han reducido. Es tiempo de ceder. Por parte de todos.
En el caso del Ayuntamiento de Ayamonte, trabajadores y equipo de Gobierno tienen de plazo menos de un mes para intentar hallar una solución lo menos traumática posible ante la difícil situación por la que atraviesan las arcas municipales.
Aunque inicialmente se ha puesto encima de la mesa un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectaría a 95 trabajadores, el alcalde, Antonio Rodríguez Castillo, es optimista y piensa que, si todos ceden, podría darse la situación de que no fuera necesario llevar a cabo despidos.
Rodríguez Castillo propuso semanas atrás la posibilidad de que todos los trabajadores se bajasen el sueldo y destacó que él se lo bajaría por tercera vez, aunque la iniciativa, al menos por el momento, no ha sido acogida de forma satisfactoria.
Mientras tanto, decenas de personas participan cada mañana en la concentración que se lleva a cabo en la plaza de la Laguna de la localidad en señal de protesta contra el citado expediente.
Desde el comité de laborales se ha calificado de “injusto y desproporcionado” dicho ERE, al considerar que afectaría al 42% de la plantilla de personal del Consistorio local.
En Isla Cristina, mientras tanto, la alcaldesa, María Luisa Faneca, mostraba recientemente su preocupación ante la posibilidad de que haya que llevar a cabo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
La primera edil calcula que la resolución al recurso presentado contra la sentencia que anula las condiciones laborales de dicho colectivo laboral podría llegar en un año aproximadamente, pero la situación de las arcas municipales podría no hacer posible dicha espera.
El Juzgado de lo Social 2 de Huelva declaró nulo el acuerdo de pleno del Ayuntamiento isleño de fecha del 28 de junio de 2012 en materia de modificación de las condiciones de trabajo del personal laboral a su servicio y condenó al Consistorio a reponer a los trabajadores afectados, más de 300, en sus anteriores condiciones de trabajo, con los derechos económicos correspondientes, por lo que le condena a devolver a estos empleados unos cuatro millones de euros que les dejó de pagar en aplicación de un plan de ajuste, que no fue negociado con los sindicatos.
Frente a la incertidumbre de algunos consistorios, en otros se respira “paz social”. Es lo que dice el alcalde de Lepe, el popular Juan Manuel González, quien ha destacado la estabilidad de las arcas municipales y dicha “paz” como uno de los logros en lo que va de legislatura.
Según explicó, el Ayuntamiento se encuentra al día tanto con los trabajadores, a excepción de parte de una paga extra, como con los proveedores.
Sin embargo, para llegar a este punto, González ha subrayado que ha habido que hacer un “gran esfuerzo” ya que, dada la situación de los consistorios locales, “no ha sido nada fácil”.
González señaló que el Consistorio lepero puede considerarse satisfecho ante esta situación y recordó la preocupante situación por la que atraviesan los ayuntamientos de localidades cercanas.
González, por cierto, sigue considerándose más gestor que político y entiende que ello le ha facilitado la labor a la hora de conseguir, reitera, la estabilidad de la que –según él- gozan en la actualidad las arcas municipales.
