El Grupo Popular en la Diputación Provincial de Huelva ha presentado una moción en la Diputación Provincial en la que pide a la Corporación que reclame a la Junta de Andalucía el incremento de las medidas de control en los yacimientos mineros de la provincia para evitar episodios de vertidos como el ocurrido hace semanas en la mina de La Zarza. Los populares consideran, asimismo, que es necesario que la administración andaluza, además, evalúe el estado de estos yacimientos ante la posibilidad de nuevas incidencias de este tipo.
Así lo ha manifestado hoy, en rueda de prensa, el portavoz popular, David Toscano, que ha subrayado que “tras el lamentable suceso de la rotura del sellado de la mina de La Zarza ha sido preocupante la escasa información que la Junta ha dado de este asunto, sobre todo a la población”, añadiendo que “nadie explicó qué pasó ni los peligros que este suceso podía acarrear a la población”.
Para el PP, en la gestión de este suceso, “ha faltado información, ha faltado pedagogía a la hora de explicar lo que ha sucedido y el alcance de lo sucedido y ha habido una profunda y lamentable deslealtad con el Ayuntamiento de Calañas en cuyo término municipal ha sucedido esta rotura”.
El popular ha recordado que la Junta tardó cinco días en notificar oficialmente al alcalde de Calañas lo sucedido, “cinco días de una absoluta falta de respeto a los ciudadanos de Calañas, al ningunear a su máximo representante democráticamente elegido, el alcalde”. Por ello, en la moción popular se expresa el rechazo a esta actuación de la Junta de Andalucía.
Toscano ha incidido en que “no entendemos por qué no ha habido coordinación de las administraciones en este asunto, por qué la Junta ha ido por un lado, y el Ayuntamiento se ha visto forzado a ir por otro, pese a que en estos cinco días se le reclamó al gobierno autonómico información de manera constante, pero sin éxito, ya que estamos hablando de un vertido incontrolado de aguas extremadamente ácidas y contaminantes, con potencialidad de graves perjuicios para el medio ambiente y de daños ecológicos y a bienes públicos y privados”.
Para el PP, pese a la falta de información, “a estas alturas parece clara una responsabilidad al menos de culpa in vigilando de la Junta de Andalucía en el vertido y sus consecuencias”. Toscano ha subrayado que “cuando pasa algo así no pasa por casualidad” y ha estimado, a este respecto, que “ha quedado de manifiesto que existe una deficiente labor de inspección y control de la Junta lo cual es bastante preocupante en una provincia en la que hay decenas de yacimientos mineros”.
Así, ha recordado que las competencias de legislación ambiental y vigilancia son de la Junta y, por tanto, “mucho nos tememos que esto pueda ocurrir en otras instalaciones mineras en la misma situación ya que la gestión de la Junta de Andalucía no es precisamente tranquilizadora”.
Por ello, el PP exige a la Junta que evalúe el estado de los yacimientos mineros y arbitre medias de mayor control. “La situación actual de las minas que no se encuentran en explotación; su peligro; el cumplimiento de los planes técnicos por parte de los concesionarios, en su caso; el seguimiento; y el estudio de evaluación de la situación de las balsas mineras y yacimientos de la provincia para controlar su estado y prevenir nuevos sucesos debe ser una prioridad de la Junta de Andalucía”, ha concluido el portavoz del PP.
