El fantasma de otra crisis sanitaria
La próxima llegada a Canarias del crucero afectado por un brote de hantavirus ha vuelto a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿está reaccionando el Gobierno de Pedro Sánchez con suficiente previsión y coordinación para evitar riesgos en España?
En principio, las autoridades sanitarias aseguran que sí. El Ministerio de Sanidad ha activado protocolos de control, cuarentenas y seguimiento médico, insistiendo además en que el riesgo de contagio para la población es bajo.
Sin embargo, la polémica no tarda en aparecer cuando las comunidades autónomas sienten que el Gobierno central vuelve a tomar decisiones sin contar con ellas. Tanto Canarias como Andalucía han mostrado malestar por la gestión del operativo y por la falta de información previa sobre la llegada de pasajeros potencialmente afectados. Las críticas apuntan a que las administraciones regionales, que son quienes finalmente deben gestionar parte de la respuesta sanitaria y logística, merecían una coordinación más clara y directa desde el primer momento.
Y ahí está quizá el verdadero problema: no solo importa que existan medidas sanitarias, sino que haya confianza institucional. Después de lo vivido durante la pandemia, y es lógico, muchos ciudadanos y algunos gobiernos autonómicos son especialmente sensibles ante cualquier sensación de improvisación o falta de transparencia.
De momento, la crisis del hantavirus está dejando imágenes que ya comienzan a ser demasiado habituales dentro del propio Gobierno de Sánchez, con ministros lanzando mensajes diferentes sobre cómo gestionar la situación.
La principal contradicción se produjo entre la ministra de Sanidad, Mónica García, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, a cuenta de la cuarentena de los pasajeros españoles procedentes del crucero afectado. Mientras Robles aseguró que el aislamiento en el hospital Gómez Ulla sería “voluntario”, desde Sanidad se respondió pocas horas después que el Gobierno tomaría “las medidas legales necesarias” para garantizar la salud pública.
Probablemente España no esté ante una amenaza grave, pero sí ante una nueva prueba para comprobar si las administraciones han aprendido que, en una crisis sanitaria, la coordinación y la comunicación son tan importantes como los propios protocolos médicos.