Una abstención que retrasa el futuro cultural de Huelva
Como técnico con más de veinticinco años de trayectoria en la Dirección de la Biblioteca Pública del Estado en Huelva, considero profundamente desacertadas las recientes declaraciones del diputado por Huelva, Gabriel Cruz, que cuestionan la necesidad de un nuevo edificio y justifican su abstención en el Congreso ante la Proposición No de Ley relativa a esta infraestructura cultural.
Lo que sorprende no es que existan opiniones distintas —eso forma parte del debate democrático—, sino que un representante parlamentario de la provincia no haya considerado necesario interesarse directamente por la realidad de la institución antes de posicionarse públicamente en contra de una infraestructura estratégica para la ciudad. En este tiempo, no consta que se haya solicitado información técnica detallada ni que se haya realizado una visita institucional para conocer de primera mano las limitaciones estructurales que sufre la actual Biblioteca.
El actual edificio, reformado en 2001 sobre una estructura concebida décadas atrás, cuenta con apenas 1.953 metros cuadrados útiles distribuidos en cinco plantas más sótano. Nació pequeño y sigue siendo pequeño. Nunca ha alcanzado los estándares bibliotecarios de superficie por habitante recomendados para una capital de provincia, ni los ratios de capacidad documental asociados a esos parámetros. Esta limitación ha condicionado la gestión de fondos, obligándonos a aplicar políticas de expurgo continuas y no siempre deseables desde el punto de vista patrimonial y bibliográfico. La comparación con otras Bibliotecas Públicas del Estado en capitales de provincia es objetiva: muchas triplican esa superficie. La configuración vertical del inmueble dificulta la funcionalidad, la climatización ha sufrido obsolescencias graves, los ascensores han estado averiados durante meses y el salón de actos, situado en sótano, resulta claramente insuficiente para las más de 200 actividades culturales que desarrollamos cada año.
A pesar de estas limitaciones, casi 59.000 onubenses disponen de carné de la biblioteca. Las visitas al edificio, que superaron las 320.000 en los primeros años tras la reforma, se sitúan actualmente en torno a las 100.000 anuales. Este descenso no responde a una pérdida de interés ciudadano, sino a las limitaciones físicas del inmueble, a la obsolescencia de sus instalaciones y a las restricciones derivadas de sus deficiencias estructurales. El edificio, después de más de 25 años ofreciendo libros y lectura a los onubenses, ha envejecido y ya no permite desarrollar todas las potencialidades del servicio.
La biblioteca pública del siglo XXI no es únicamente un lugar de préstamo de libros o una sala de estudio. Es un espacio de aprendizaje permanente, alfabetización digital, encuentro ciudadano y cohesión social. Así lo establecen las directrices de la International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) y el propio Manifiesto de la Biblioteca Pública UNESCO-IFLA 2022. Huelva no puede aspirar a ese modelo con un edificio que limita físicamente su evolución y que apenas pueda dar respuesta a esos nuevos objetivos.
Por eso resulta difícil comprender que, cuando por primera vez se había logrado un respaldo institucional amplio —con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento dispuestos a facilitar suelo en una zona estratégica de la ciudad para un nuevo equipamiento cultural—, un parlamentario por Huelva opte por la abstención en lugar de defender activamente una inversión estratégica para su ciudad. Una abstención en este contexto no es neutra. Supone, en la práctica, retrasar una reivindicación que beneficia a la ciudad. Supone perder impulso en un momento decisivo. Supone enviar un mensaje equivocado sobre las prioridades culturales de la provincia.
Huelva arrastra déficits estructurales en infraestructuras culturales desde hace décadas. La construcción de una nueva Biblioteca Pública del Estado no es un lujo innecesario: es una inversión de futuro, equiparable a las realizadas en otras capitales del Estado y recientemente en capitales andaluzas como Córdoba o Málaga. Es una apuesta por la educación, por la igualdad de oportunidades y por el desarrollo urbano equilibrado.
Como técnico, no me corresponde hacer política. Me corresponde informar, diagnosticar y defender aquello que objetivamente mejora el servicio público. Y desde esa responsabilidad profesional afirmo que Huelva necesita una nueva biblioteca estatal. No se trata de confrontar administraciones ni de atribuir méritos. Se trata de no perder oportunidades y de estar a la altura de la ciudad que decimos representar.
La pregunta no es si la biblioteca puede seguir funcionando como hasta ahora. La pregunta es si Huelva puede permitirse seguir renunciando a infraestructuras culturales que otras ciudades han conseguido y consideran imprescindibles. Porque la cultura no es un gasto: invertir en cultura y en bibliotecas es invertir en cohesión, en educación y en igualdad. Y cada vez que se pospone una infraestructura estratégica, no se aplaza un edificio: se retrasa el futuro de la ciudad.
Antonio Agustín Gómez Gómez, Director de la Biblioteca Pública del Estado-Biblioteca Provincial de Huelva