El Gobierno está violando los derechos fundamentales
Desde los primeros momentos de esta crisis, el Gobierno de Pedro Sánchez ha dedicado más esfuerzos a cuidar un relato ante la ciudadanía capaz de enmascarar sus errores que en luchar de manera eficaz contra el virus. La construcción propagandística del mismo -que bien merece un análisis aparte- ha perseguido en todo momento dividir y separar a la población española en dos bandos: los que están con el Gobierno y los que no. Empeño que no es ajeno a la incomodidad creciente que el inquilino de La Moncloa experimenta respecto a su socio Pablo Iglesias, el cual está decidido a no dejar escapar la oportunidad de poner en marcha un cambio del sistema político que acaricia el fin que impulsó su entrada en la política: un Estado Totalitario que estatalice la economía y silencie a la oposición. Como los modelos en cuyos espejos se mira para proyectar su utopía ideológica. Sus constantes llamadas a la aplicación ‘en vacío’ del contenido del artículo 128 de la Constitución Española no dejan lugar a engaño alguno.
Pero vayamos por partes. Primero: el Estado de Alarma previsto en el artículo 116 de la Constitución y regulado por la Ley Orgánica 4/1981 no permite la limitación general de los Derechos Fundamentales. Tan sólo en esencia la limitación de la circulación de personas y vehículos en horas y lugares determinados y, a lo sumo, la imposición de prestaciones personales, el racionamiento y la intervención de industrias, fábricas y locales (artículo 11 de esta ley). Segundo: la suspensión general de los Derechos Fundamentales sólo puede llevarse a cabo por medio de los Estados de Excepción y de Sitio (artículos 13 y 32 de la misma ley), de ningún modo por vía del Estado de Alarma. Tercero: esta suspensión de los Derechos Fundamentales sólo puede afectar a determinados derechos, no a todos, Concretamente a los que enumera el artículo 55 de la Constitución, entre los que no se encuentra el Derecho a la Propiedad Privada del artículo 33, igualmente de la Constitución.
Igualmente es imprescindible tener claro lo que sigue para no ser presa del engaño. El artículo 128 se aloja en el Título VII de la Carta Magna, mientras que el 33 lo hace en el Título I, lo que significa que su rango de constitucionalidad es mayor en cuanto que la protección y la importancia que tiene en lo que supone a los ciudadanos es más fuerte. La interpretación del artículo 128 no puede jamás hacerse si atender al resto del contenido de la Constitución, razón por las cual las veleidades expropiatorias de Iglesias y los suyos se chocarán siempre con el muro infranqueable del Estado de Derecho.
Esto es, dicho artículo no permite lo que los líderes de Podemos dicen que permite. Y aún más: el artículo 86 de la Constitución establece sin lugar a dudas que los derechos del Título I no pueden verse afectados por los Decretos-Leyes. Por lo que no puede utilizarse esta herramienta legal para menoscabar la Propiedad Privada ni cualquier otro derecho fundamental, ni durante Estado de Alarma, Excepción o de Sitio ni -por supuesto- bajo un estado de normalidad. Cuestión diferente es que tanto los gobiernos del Partido Popular como del Partido Socialista hayan ignorado el contenido de la Constitución por conveniencia política, regulando cuestiones relativas a los Derechos Fundamentales por Decreto-Ley y estos no hayan sido impugnados ante el Tribunal Constitucional.
Sabiendo esto, tan sólo alguien empecinado en negar la realidad de la forma más contumaz puede sostener que el Gobierno está actuando en estos momentos conforme a la legalidad. Porque ello es lisa y llanamente mentira. Los cierto es que el Ejecutivo ha protagonizado el caso más flagrante de incumplimiento constitucional y de violación de Derechos Fundamentales que ha vivido la Democracia en España. Que ya es decir. No sólo ya porque haya regulado materias concernientes a los Derechos Fundamentales por vías que no permite la Constitución, en cuanto que el artículo 53 de la misma reserva esta materia a las leyes (y no a los decretos-leyes o a los reglamentos), sino porque además ha empleado esta intervención para recortarlos en todo lo que le ha sido posible, empleando medidas oscuras y torticeras como la legitimación de la Expropiación de viviendas privadas vía Orden Ministerial, a todas luces ilegal.
Ha ido incluso más allá: el mismo Marlaska reconoció por televisión que el Gobierno está monitorizando las redes sociales para ‘evitar discursos de odio’ o ‘bulos’, lo que constituye una Censura de manual que se escapa a todo lo que el Ordenamiento Jurídico español prevé en la materia. Y lo ha hecho además sirviéndose del chantaje y del tráfico de influencias, regando con millones a las televisiones y medios privados -con especial ojo en Atresmedia y Mediaset- para mantenerlas con la boca cerrada y prestas a difundir la propaganda gubernamental dulcificadora y escamoteadora de la muerte, del dolor y del sufrimiento, que son las verdaderas consecuencias de esta crisis.
Aún más lejos ha ido la cuestión, por cuanto Newtral (empresa ligada a la periodista de La Sexta Ana Pastor) y Maldita.es (empresa ligada igualmente a La Sexta) trabajan como ‘verificadores’ para la red Facebook y sus servicios satélite, como por ejemplo Whatsapp. De hecho, Maldita.es trabaja con Google para ‘reducir la difusión’ de ‘bulos’. Hasta tal punto ha llegado el recorte del libre tráfico de información y de opiniones que, desde estos verificadores, se ha apuntalado la versión gubernamental hasta un servilismo impropio de un sistema democrático con la inestimable ayuda de multitud de individuos y grupos que no han dudado en perseguir por las redes sociales a los discrepantes o a quienes tan sólo se limitaban a emitir opiniones diferentes al discurso oficialista. Siguiendo las instrucciones lanzadas por Ábalos y Lastra, que instaban a militantes y simpatizantes socialistas a acosar y perseguir ‘bulos’, o lo que es lo mismo, cualquier opinión disidente.
No ha sido casualidad la pregunta formulada por Tezanos en el CIS, que sin ningún tipo de pudor queda como sigue: ‘¿Cree Ud. que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones?’ A estas alturas, y poniéndolo en relación con todos los gestos anteriores del Gobierno, desde la censura previa de las preguntas de los periodistas al sabotaje de los intentos reiterados de la oposición de controlar su actividad, nadie puede creerse que esta pregunta fuera inocente.
Y menos cuando está formulada para forzar una respuesta positiva y poder presentarlo luego como una suerte de legitimación social de unas prácticas más típicas del franquismo, del fascismo o del comunismo que del sistema político amparado por la Constitución del 78, ese ‘papelito’ que hoy por hoy es la última barrera contra la arbitrariedad de las autoridades y en el que el señor Iglesias pretende torpemente ampararse para ocular inútilmente sus probadas credenciales antidemocráticas.
En definitiva, lo que este Gobierno de Coalición -de lejos el menos democrático y el más infame de cuantos ha tenido que padecer el pueblo español en libertad- está haciendo es utilizar el Estado de Alarma para adoptar medidas más características de un Estado de Excepción encubierto. Poniendo la vista más allá de la crisis del Covid-19, por cuanto está aprobando disposiciones legales, decretos-leyes y medidas abiertamente ilegales para menoscabar los derechos fundamentales al margen de la Constitución que, una vez superada la excepcionalidad, será muy difícil desalojar del Ordenamiento Jurídico. Eliminando una garantía ‘por aquí’ y otra ‘por allá’, se va cercenando poco a poco el catálogo de derechos hasta el día en que nos demos cuenta de que nos los han ido quitando poco a poco sin darnos cuenta.
Y que quede clara una cosa: esto no es más que la culminación de un proceso que se ha ido cociendo a fuego lento. Lo hizo antes Rajoy y lo hace ahora Pedro Sánchez. Modificando las leyes y muy especialmente el Código Penal, se están eliminando en las democracias occidentales lentamente los contenidos y las garantías de estos derechos sin que nos demos cuenta, aprovechándose de ‘emergencias’ reales o ficticias y manipulando a la población para que sea ella misma quien reclame a los gobiernos su propia muerte civil. Si algo nos queda ahora a los españoles es el derecho de negarnos a ir como corderos al matadero.