El espectáculo generado por la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha convertido a estas alturas en un bochorno. Muestra palpable y cruda de la extrema politización que impera en las altas esferas del Poder Judicial. E indicativo sin paliativos de que lo que tenemos en este país no es una separación de poderes sino una separación de funciones. El Poder es, a fin de cuentas, el mismo. Y este poder es político. Que nadie se lleve a engaño.
¿Significa esto que todos los jueces son reos de la política? En modo alguno. Constituyen, si cabe, el último baluarte, junto con los abogados, de los derechos de los ciudadanos frente a las pretensiones totalizadoras del Estado. Pero ello no puede llevar a soslayar el mecanismo de elección de los cuadros más poderosos que, en definitiva, rigen los parámetros de actuación de quienes tienen que instruir y enjuiciar las causas judiciales, incumban a particulares o a grandes tramas.
Repasemos rápidamente el sistema de nombramiento de los veinte vocales del Poder Judicial. Doce de sus miembros son elegidos por mayoría de tres quintos por el Parlamento (Congreso de los Diputados y Senado), a razón de seis por cada cámara. Dichos candidatos serán propuestos por la Cámara de Jueces y Magistrados (asociaciones profesionales o propuestos por jueces en activo) con el requisito añadido de que no sean miembros del Consejo saliente ni estén prestando servicios en órganos del consejo mismo. En total se presentan treinta y seis candidatos, de entre los cuales seis son elegidos por el Congreso de los Diputados y, de entre los treinta restantes, otros seis lo son por el Senado. Junto con todo esto, el Congreso y el Senado eligen también a los llamados vocales no judiciales, esto es, abogados y juristas de reconocido prestigio con más de quince años de experiencia que, igualmente, tampoco sean miembros del consejo saliente ni presten servicios en alguno de sus órganos. Cuatro vocales por cada una de las cámaras. Todos los miembros del CGPJ son elegidos por un período de cinco años.
¿Qué es lo que sucede en realidad? Que, literalmente, la elección de quienes componen el más alto órgano judicial se convierte en una ‘merienda de negros’ en la que los partidos políticos se pelean entre sí por copar el máximo número de puestos y tratar de acordar puestos de compromiso lo menos dañinos para sus intereses posible. Una distorsión absoluta e insultante de lo que debe ser un Poder Judicial limpio y solemne en un sistema democrático. Y no por lo que tenga de ‘legitimación indirecta’ vía partidos políticos, sino por la emancipación de dichos partidos respecto de los intereses de los ciudadanos a los que dicen representar para, al fin y al cabo, colocar a dedo a files representantes de unos intereses que son sola y exclusivamente suyos. Igual que sucede con el Fiscal General del Estado, lo que en este caso el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez no se ha molestado lo más mínimo en disimular, nombrando para tan alta magistratura nada menos que a la exministra Dolores Delgado. Cada cual es libre de seguir autengañándose.
Ahora bien, la pregunta pertinente es, ¿y cómo evitamos esto? Es decir, ¿cómo convertimos al Consejo General del Poder Judicial en un organismo independiente del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo? La única solución viable es democratizándolo. Así, tal cual. Y no estoy hablando del gesto populista del alegato simplón de la ‘democracia directa’ aun a sabiendas de su imposibilidad, sino de diseñar un sistema de elección coherente en el que los ciudadanos puedan votar libremente a los miembros del CGPJ. Porque, seamos sinceros, tanto si lo nombran los partidos políticos como si lo hacen las asociaciones profesionales, la endogamia, el corporativismo y la ausencia de independencia serán siempre los resultados innegables. Tomen la forma que tomen. Si los ciudadanos pueden elegir libremente el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, ¿por qué no van a poder hacerlo con el Judicial? Al argumento de que un puesto de dicha magnitud no puede dejarse al albur del humor popular, cabe preguntarse, ¿a dónde nos conduciría ese argumento si lo aplicáramos al Parlamento y al Gobierno? Pues eso mismo.
Con todo, de cara a evitar que cualquier hijo de vecino con pretensiones de inquisidor aficionado pudiera acceder a la cima del Poder Judicial, dicho sistema electoral especial para el CGPJ ha de tener unas características especiales: los miembros sólo podrán proponerse de cumplir con los requisitos de formación profesional y años de experiencia establecidos (ser Jueces con una experiencia acreditada), con ausencia de campaña electoral. Los perfiles profesionales de los candidatos según los puestos a copar serán de libre acceso para los ciudadanos, los cuales emitirán su voto electrónico a través de los canales habilitados para ello. De esta manera, se evitará que los jueces puedan ser elegidos en función de un concurso de popularidad. Si estas normas son establecidas mediante ley, algo absolutamente realizable si es tramitada y votada parlamentariamente, se obtendrá un Poder Judicial independiente y libre. Sujeto al voto directo ciudadano y, a la vez, compuesto por quienes de verdad son competentes por formación y experiencia para los más altos cometidos.
Cualquiera que lo cavile fríamente llegará a esta conclusión. La alternativa no es preciso imaginársela. La tenemos hoy en día ante nuestras narices. Los partidos políticos obstruirán la renovación del CGPJ el tiempo que les convenga en función de sus cálculos electorales, y se partirán los puestos como quieran para dormir tranquilos durante los próximos cinco años. Los ciudadanos, por el contrario, serán estafados de nuevo, creyéndose que viven una democracia de verdad en la que sus intereses son los que priman.
(Firma: Pablo Gea)
