Más de 300 profesionales de la abogacía y de otros ámbitos relacionados con la justicia han asistido a las jornadas sobre Violencia de Género organizadas por la Subdelegación de Gobierno y el colegio de Abogados de Huelva.
En estas conferencias, los ponentes, entre los que se encuentran el fiscal Pablo Mora, la magistrada María Estela San José, la letrada de la Administración de Justicia Marta de los Reyes Corts, el abogado Ramiro Guinea, la forense María Dolores Jiménez y la trabajadora social Susana Prados, han analizado los aspectos clave sobre las nuevas competencias que se asignan a los juzgados de Violencia de Género tras la aprobación de la Ley Orgánica de medidas de eficiencia del Servicio Público.
Las jornadas fueron inauguradas por Isabel María Román, jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación, y Antonio Bernal, decano del Colegio de Abogados, quien destacó el gran interés que ha mostrado la abogacía de Huelva en mejorar la formación en esta materia para proporcionar un servicio de calidad. Según Bernal, con jornadas como ésta, el objetivo es mejorar la formación de los profesionales del derecho en temas tan sensibles como la violencia de género, tanto en la defensa de las víctimas como en la de los investigados por estos delitos.
El decano también subrayó que la reforma legal podría generar dudas y dificultades en su aplicación práctica. “Desde la abogacía se contempla con expectación y preocupación. Si todo sale bien, será fantástico, pero si no sale como se espera, será problemático”, indicó Bernal.
Por su parte, el fiscal delegado de Violencia sobre la Mujer de la Audiencia Provincial de Huelva, Pablo Mora, explicó que la nueva Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia traerá consigo nuevas competencias para los juzgados de violencia de género. Mora destacó que, entre las novedades más importantes, se incluyen los delitos contra la libertad sexual, que antes solo se trataban si la víctima era la pareja o expareja del agresor, pero ahora abarcarán a toda mujer. Además, se contemplan otros delitos como matrimonios forzosos, mutilación genital femenina, acoso con connotaciones sexuales y trata de mujeres.
Mora prevé un aumento significativo en la carga de trabajo de los juzgados de violencia de género. “De media, puede subir alrededor de un 20 por ciento, aunque en el caso de Huelva podría ser de un 10 por ciento”, señaló el fiscal. Ante esta perspectiva, pidió a las administraciones que incrementen los recursos materiales y humanos en la administración de justicia para afrontar con eficacia las nuevas competencias.
