El onubense Juan Márquez, exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, seguirá privado de libertad en la prisión de Huelva. El Tribunal Constitucional (TC), por unanimidad, ha decidido desestimar el recurso de amparo que presentó en su día contra su condena por delitos de prevaricación y malversación en el caso de los los ERE fraudulentos.
A diferencia de lo ocurrido con los recursos de otros exaltos cargos del Gobierno andaluz de la etapa socialista, incluidos los de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el TC entiende que no se la vulnerado su derecho a la presunción de inocencia.
Cabe recordar que Márquez fue uno de los beneficiados por la revisión que el Tribunal Supremo hizo de la sentencia de la Audiencia de Sevilla.
Así, le fue rebajada la condena de siete a tres años de prisión y de 18 a 7 años y medio de inhabilitación por los delitos continuados de malversación y prevaricación en concurso ideal.
Márquez es, por tanto, el segundo de los exaltos cargos de la Junta a los que no ampara el Constitucional, después del caso del ex consejero de Empleo José Antonio Viera, cuyo recurso también fue rechazado.
Mientras tanto, hoy se ha conocido que los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán han sido amparados por el TC rebajando e incluso anulando sus penas después de que éste haya dado luz verde al borrador de la ponencia de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, en el que se proponía anular sus condenas por el caso de los ERE.
Más en concreto, en el caso de Chaves el Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente su recurso de amparo contra las sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla y de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que lo condenaron por un delito de prevaricación a las penas de 9 años de inhabilitación especial, con accesorias.
A juicio del Constitucional, la elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley "no puede ser constitutiva del delito de prevaricación".
Por otro lado, Griñán ha sido exonerado de toda la malversación por la que fue condenado a seis años de cárcel por el "procedimiento específico" de financiación pública de los ERE fraudulentos.
