El Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, ha reclamado hoy una reforma del procedimiento penal que permita que la instrucción de las causas pase a manos de los fiscales para, de esta forma, "poder acabar con la lentitud de la Justicia".
Maza, ha participado hoy en el Colegio de Abogados de Huelva (ICAH) en unas jornadas en las que desde ayer se analizan las últimas novedades de las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Código Penal.
Durante su intervención ha asegurado que "la verdadera reforma pendiente es aquella del procedimiento penal que permita llevar la instrucción de los casos a los fiscales".
En este sentido, el Fiscal General ha asegurado que "el gran problema y la gran enfermedad de la Justicia española es su lentitud", por lo que esta reforma "ayudaría mucho a solventarlo", ya que "agilizaría" las diligencias y "eliminaría las duplicidades actuales" que ralentizan el sistema.
A juicio de José Manuel Maza una reforma que permita a los fiscales hacerse cargo de la instrucción de los casos es "urgentísima", ya que "no es ni mucho menos razonable que los procesos se eternicen hasta una duración de entre ocho y diez años".
Maza ha asegurado que la lentitud del sistema está causando que la Justicia española "no sea verdaderamente eficaz", por lo que ha reclamado que "cuanto antes" se emprenda esta reforma necesaria, porque "nos encontramos ante un problema de la máxima gravedad" que está causando, además, "una gran desafección por parte de los ciudadanos a la Justicia".
El Fiscal general ha afirmado que "no se trata sólo de un problema de falta de medios, que también, sino de una carencia estructural que en todo el mundo se ha solventado hace ya muchos años y que en España sigue siendo una reforma pendiente".
Las jornadas, que llevan por título 'Novedades de las últimas reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Código Penal', están analizando analizan estas modificaciones, que han introducido novedades en materias tales como el delito de administración desleal, el delito de corrupción entre particulares, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y las diligencias de investigación relacionadas con la intervención de las comunicaciones y las entradas y registros.
