Incluye al ayuntamiento en un informe de fiscalización referido a 2019 en el grupo de los que no había cumplido con esa obligación el pasado abril. Andalucía también está en el furgón de cola de las comunidades
N. Acedo
Hay palabras que pueden resultar abrumadoras, si no se esquivan. El Tribunal de Cuentas se marcó unos objetivos de trabajo ligados, entre otras cuestiones, al cumplimiento de la obligación de rendición de las cuentas generales de las entidades locales, que han quedado plasmados en un documento titulado “Informe de fiscalización del sector público, ejercicio 2019”. En ese texto, al que se puede acceder en la página web del órgano, se asevera que “con carácter general”, los plazos legales de rendición de cuentas, por parte de las entidades locales, al propio tribunal o al Órgano de Control Externo (OCEX) respectivo, “resultan excesivamente dilatados”, considerando que el desarrollo de las nuevas tecnologías permitiría acortarlos, como han advertido, y lo hacen constar, de forma reiterada.
Luego, ponen la lupa en que “el 62% de las entidades locales de ámbito nacional, excluidas las del País Vasco y Navarra, rindieron la cuenta general” al ente estatal fiscalizador “dentro del plazo legal”, lo que supuso “una mejora de siete puntos porcentuales respecto al ejercicio anterior”. Con todo, a 7 de abril de 2021 -el Estado de alarma al que obligó la pandemia amplió hasta el 22 de enero de 2021 el tiempo para mover ficha-, “el nivel de rendición ascendía al 73% del total”, lo que volvió a significar un alza, en este caso de dos puntos porcentuales, en relación con los del ejercicio precedente -a una fecha equivalente de dos meses y medio después del plazo legal fijado de forma habitual-.
Por territorios, los peores datos, a fecha del pasado 7 de abril, estaban cosidos a entes de Andalucía, “con un 45%”, y de la Región de Murcia, con el 52%, a la luz de lo reflejado en el informe consultado por Huelva Hoy. Por contra, los niveles de rendición más elevados “se produjeron” en las entidades locales de la Comunitat Valenciana, “con un 97%”, y de las regiones de Aragón, con un “95%”; Galicia, con el “94%”; y Cataluña y Madrid, ambas “con un 89%”. Estas comunidades “tenían establecidas medidas que condicionan la concesión de subvenciones o ayudas públicas al cumplimiento de la obligación de rendir cuentas”, hace notar el tribunal.
Y hay más. “Un total de ocho ayuntamientos con población superior a 100.000 habitantes”, entre ellos el de Huelva, junto a los de Cádiz, Jaén, Jerez de la Frontera, Marbella, Badalona, Las Palmas de Gran Canaria y Getafe; cinco diputaciones provinciales, las andaluzas de Málaga, Almería y Cádiz, más las de Cuenca y Zamora; así como tres cabildos insulares, los de Gran Canaria, Fuerteventura y El Hierro; no habían rendido, a 7 de abril de 2021, las cuentas generales asidas al pasado ejercicio 2019.
El informe completo se puede encontrar pinchando aquí
