Un estudio indica que en Audiencias Provinciales como la de Huelva apenas se rectifican las sentencias recurridas

Audiencia Provincial de Huelva
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Investigadores de diversas universidades andaluzas, especialistas en gobernanza y transparencia, detectan en Audiencias Provinciales, de tamaño reducido, como el caso de Huelva, un nivel de revocación o rectificación de sentencias recurridas, muy inferior al de capitales como Madrid, Barcelona o Sevilla, de mayor tamaño.

Esta diferencia, los expertos consultados lo achacan al corporativismo judicial, repitiéndose la frase: “nadie quiere enmendar el trabajo a un compañero”, con las consecuencias negativas para el ciudadano.

El estudio, que se encuentra en fase inicial, tiene una metodología múltiple: en primer lugar, mediante la revisión de las sentencias que una vez recurridas son rectificadas por la Audiencia Provincial, así como mediante un método Delphi Ciego, de entrevistas y percepción de profesionales del ámbito objeto de estudio.

Los primeros resultados, son desesperanzadores para los derechos de los ciudadanos, ya que apuntan que el número de sentencias que una vez recurridas son revocadas por ésta, son muy inferiores, debido, según los expertos al elevado corporativismo entre la clase judicial, incluso en detrimento de la aplicación de los derechos de los individuos.

Así, se han detectado en los primeras revisiones, sentencias en las que el juez/jueza instructor/a, aplicaba un “copia pega” con párrafos de casos y sentencias totalmente distintas, otros casos en las que la inoperatividad por la lentitud del funcionamiento de los propios juzgados han dañado los derechos de los encausados, así como casos en los que se han cometido errores judiciales vulnerando los procesos y las gestiones de los enjuiciados, valoraciones de pruebas e incluso informes de preceptos legales que no se corrigen por la Audiencia.

Este estudio será publicado a su finalización, en colaboración con una ONG´s internacional que defienden los derechos humanos, con el objetivo de lograr el aseguramiento de los derechos de los ciudadanos y la mejora de los servicios públicos de justicia y será depositado ante el Defensor de Pueblo.