El Gobierno ha puesto en marcha este miércoles 28 de enero dos oficinas integrales de atención a las personas afectadas por los accidentes ferroviarios, una de ellas en Huelva y otra en Barcelona. Estos puntos de atención nacen con el objetivo de informar, orientar y acompañar a las víctimas y sus familiares en la tramitación de las ayudas e indemnizaciones aprobadas recientemente por el Ejecutivo.
La oficina de Huelva ya se encuentra operativa en la Subdelegación del Gobierno, ubicada en la calle Berdigón 11-13, mientras que en Barcelona el servicio se presta en la sede situada en la calle Bergara número 12, en la planta baja. Ambas oficinas ofrecen atención directa y personalizada para resolver dudas y facilitar los trámites administrativos derivados de los accidentes.
La iniciativa parte del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y tiene como finalidad agilizar el acceso a las ayudas económicas aprobadas por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto, así como evitar que las familias afectadas tengan que enfrentarse solas a procesos administrativos complejos en un momento especialmente delicado.
Además de estas dos oficinas, el Gobierno prevé habilitar puntos de atención en otras subdelegaciones si fuera necesario, en función del lugar de residencia de las personas afectadas. A ello se suma la activación del servicio La Administración Cerca de Ti, que permitirá que personal de la Administración se desplace a los domicilios de quienes no puedan acudir presencialmente a las oficinas.
El plan de ayudas aprobado asciende a 20 millones de euros, de los cuales 10 millones se destinan a ayudas directas inmediatas y otros 10 millones se reservan como anticipo de las indemnizaciones correspondientes a los seguros de responsabilidad civil. Estas cantidades se abonarán en un único pago, con el objetivo de ofrecer una respuesta rápida a las necesidades económicas de las víctimas y sus familias.
Las ayudas serán compatibles con las indemnizaciones de los seguros obligatorios y estarán exentas de tributación, según recoge el Real Decreto. Con esta medida, el Gobierno pretende acelerar los plazos de apoyo económico y garantizar que las personas afectadas puedan afrontar los gastos derivados de los accidentes sin tener que esperar a la resolución de los procedimientos habituales.
