Los ediles aseguran que la causa judicial no afectará a la candidatura para el próximo 28M
M.R. Font
La crisis interna en Mesa de la Ría, que derivó hace tres años en ruptura entre la asociación y el partido político que desde las elecciones municipales de 2011 ha venido representando al movimiento social en el Ayuntamiento de Huelva, entra en un nuevo capítulo en vía judicial.
Los concejales de Mesa de la Ría, Rafael Gavilán (portavoz) y Francisco Romero, junto a otros dos miembros del partido, Juan Manuel Buendía y E.R., han declarado en calidad de investigados en el Juzgado de Instrucción 5 de Huelva por presunta falsedad en relación a la asamblea general extraordinaria en la que se designó el nuevo comité ejecutivo.
De momento, el instructor, que abrió diligencias ante "la posible existencia de infracción penal" en la celebración de la referida asamblea, denunciada (en mayo de 2022) por la otra parte en conflicto, el miembro del colectivo, Aurelio González, ha solicitado a los investigados la aportación de documentos para incorporarlos a la causa, ha confirmado a este diario el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
González, estando al frente de la Presidencia del partido, puso la denuncia después de acudir a la entidad bancaria en la que tiene la cuenta la formación política para solicitar un extracto de la misma, solicitud que le fue negada por el banco porque "no aparecía en la referida cuenta ni constaba autorización alguna", concreta la denuncia. Ante esta situación, el denunciante acudió al Registro de Partido Políticos, y conoció de esta forma que los cargos del partido habían sido renovados.
A renglón seguido, en la notaría consiguió la copia de la escritura (13 de agosto de 2019) que elevaban a público los acuerdos de una asamblea general del partido. Según recoge la denuncia, a la que ha tenido acceso este diario, Buendía aportó – como presidente del partido Mesa de la Ría-un certificado, que emitió el edil Francisco Romero, de un acta – firmada por ambos- de la asamblea "supuestamente celebrada" el 8 de agosto de 2019 a las 10.00 horas en el Ayuntamiento de Huelva.
En este documento, figura la nueva cúpula del partido: Buendía como presidente; E.R. en la Vicepresidencia; Francisco Romero como secretario de Actas, y Gavilán en la Secretaría de Finanzas.
La escritura que contiene la certificación del Acta de la Asamblea de 8 de 2019 fue inscrita en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior.
"La asamblea – sostiene la denuncia- nunca fue convocada y consta en el acta que se elige como vicepresidenta a una persona que no es afiliada, circunstancias que la hacen nula de pleno derecho". Además de esa nulidad, incide, "lo cierto es que nunca tuvo lugar ya que la asamblea celebrada fue la de la Asociación Mesa de la Ría de Huelva pero no la del partido político".
"La asamblea del partido fue inexistente, nunca se celebró -remarca González- y. en consecuencia, el acta que la documenta y la certificación de la misma son documentos falsos con transcendencia penal puesto que se trata de la confección completa de un documento mendaz , que además al ser incorporado a una Escritura Pública e inscribirse en un registro público, inducen a error e incorporan toda una secuencia simulada e inveraz de afirmaciones con transcendencia jurídica , a modo de completa simulación del documento , que debe ser considerado como delito de falsedad".
El grupo municipal Mesa de la Ría, que mantiene el silencio sobre las declaraciones de sus representantes como investigados, afirma que esta situación, al estar inmersos en una causa judicial en estos momentos, no va a tener consecuencias de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo.
No es la primera vez que la polémica asamblea de agosto 2019 llega a los tribunales. Antes lo hizo de manos de Buendía y otro juzgado (Primera Instancia 5) desestimó su demanda, encaminada a dar validez a la directiva. Sin embargo, el juzgado declaró nulo de pleno derecho el nombramiento de la referida junta.
Según la resolución judicial, la convocatoria "fue planeada y realizada con el deliberado propósito de constituir una dirección de afines a una de las dos corrientes o tendencias existentes dentro de la asociación».
A la vista de "las irregularidades" que el juzgado detectó en el juicio, declaró nulo de pleno derecho el nombramiento de la nueva junta directiva allí acordado, "siendo por tanto la consecuencia de todo ello la falta de legitimación ad causan del señor Buendía para instar la presente demanda".
