Huelva: La Fiscalía pide el archivo de la causa contra los cinco investigados por los cursos de formación

La Fiscalía de Huelva ha pedido el sobreseimiento provisional de la causa de los cursos de formación para el empleo contra cinco cargos públicos y funcionarios del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía en Huelva, señalando al Ministerio Fiscal que los hechos investigados en el informe, elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UCDEF) de la Policía Nacional por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos en las subvenciones de la Junta para cursos, "no son constitutivos de delito y no pueden considerarse ilícitos puesto que tienen su amparo en la norma de la convocatoria, las actividades llevadas a cabo no serían arbitrarias ni injustas y que no había una voluntad conjunta de los investigados para actuar al unísono".

Todos ellos intervinieron en la ejecución, control y liquidación de las subvenciones que se concedieron a unas empresas de formación en la convocatoria de 2011, ha informado la Fiscalía Superior de Andalucía en un comunicado.

También indica que "no es ilícito el destino dado a los fondos que se emplearon para subvencionar los cursos, ni tampoco se puede equiparar menoscabo con malversación de fondos públicos".

En el procedimiento abreviado instruido contra el director provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Huelva, el secretario general de Empleo, el jefe del servicio de Formación para el Empleo, el jefe del Departamento de Análisis Programación y Formación Continua, dos técnicos de la comisión de valoración y la funcionaria de justificación económica, la Fiscalía encuentra determinadas irregularidades o deficiencias que podrían tener una repercusión en el ámbito administrativo pero "sin llegar a alcanzar a integrar los delitos de prevaricación y malversación".

Entre las deficiencias señala la escasez de personal para supervisar los cursos o en el sistema informático para homologar las entidades beneficiarias de los cursos al igual que el utilizado para la justificación contable "pero no imputable a los funcionarios que desarrollaron el trabajo, y mucho menos para imputarles la comisión de esos delitos", indica el escrito fiscal.